La situación del PT y la de Lula se complican cada vez más. El ex tesorero del Partido de los Trabajadores (PT) del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva reconoció que ordenó entregar dinero a otras formaciones y ocultó al Estado parte de la contabilidad. De esta manera, se debilita la posición del PT, que sostuvo que no pagó sobornos a legisladores de otros partidos. Como consecuencia de esta severa crisis política, las encuestas revelan una caída en la imagen y una pérdida de confianza en Lula.
El ex tesorero del PT Delubio Soares ayer declaró ante la CPI (Comisión de Investigación Parlamentaria) y asumió la responsabilidad de haber constituido una caja paralela de casi 17 millones de dólares con préstamos concedidos por el publicista Marcos Valerio. El ex tesorero señaló que las autoridades electorales nunca fueron informadas de ese dinero, lo que supone una grave irregularidad, según la ley de partidos políticos. Dijo que esos fondos fueron usados para financiar campañas electorales, y no para pagar mensualidades a diputados aliados. Soares estaba visiblemente nervioso durante su declaración ante el Congreso y no logró convencer ni a los legisladores del propio PT, que pusieron en duda la mayoría de sus declaraciones y se irritaron por su negativa a responder algunas preguntas clave para la investigación. Amparado por un “hábeas corpus preventivo” otorgado por el Tribunal Supremo, tenía el derecho de evitar responder preguntas que lo podían comprometer e impedía que fuera detenido tras su comparecencia. Aferrado a ese recurso, se negó a identificar a los beneficiados por ese dinero, lo que llevó al senador derechista César Borges a afirmar que de ese modo “todos los parlamentarios del PT han quedado bajo sospecha”.
Documentos filtrados a la prensa afirmaron que serían al menos 35 legisladores de tres partidos los beneficiarios del dinero. Entre los congresistas del PT estaría Joao Paulo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados hasta febrero pasado, pero Soares se negó a decir si eso es verdad o no. Hubo parlamentarios que intentaron sembrar sospechas sobre el rol de Lula, a quien sectores de la oposición parecen tener como objetivo final de la investigación.
Una encuesta de Ibope publicada por el diario Jornal do Brasil mostró que la aprobación del gobierno cayó del 58 al 54 por ciento por las denuncias de corrupción. El 42 por ciento de los brasileños cree que Lula corre el riesgo de perder el cargo a causa de los escándalos de corrupción.
El Movimiento de los Sin Tierra (MST) pidió una profunda investigación y castigo para los responsables e involucrados en el escándalo de los sobornos. La organización reclamó al gobierno “diez cambios a favor del pueblo” y pidió poner fin a “la política económica neoliberal”. Entre los cambios reclamados están la reducción de las tasas de interés, terminar con la política de superávit fiscal primario para pagar intereses de la deuda, duplicar el valor del salario mínimo y las jubilaciones, y recuperar el control gubernamental sobre el Banco Central.