Por Darío Pignotti
Desde San Pablo

Acusador y acusado al patíbulo. Los diputados Roberto Jefferson, del Partido Trabalhista Brasileño (PTB), y José Dirceu, del Partido de los Trabajadores (PT), quedaron ayer formalmente a un paso de perder sus mandatos. La lista se completa con otros 17 congresistas, todos implicados en casos de corrupción. Tres de las comisiones legislativas que investigan la extensa lista de ilícitos, entre ellos la compra de votos, consideraron que tanto Jefferson como Dirceu violaron el “decoro parlamentario”, una infracción al reglamento interno del Cuerpo penalizada con la prohibición de postularse a cualquier cargo electivo por ocho años. Algo equivalente a la muerte política.
En junio Jefferson se presentó ante la Comisión de Etica y Decoro Parlamentario para denunciar los negociados comandados por el “jefe” Dirceu, que entonces era ministro jefe de gabinete. Cuarenta y ocho horas después, Dirceu dejaba el gobierno y su acusador se volvía una estrella pop. Pero con el correr de las investigaciones comenzaron a descubrirse las huellas del denunciante en las mismas maletas cargadas de plata sucia que él hizo célebres al emplear el neologismo “mensalao” o pago mensual de sobornos. Ayer los 14 miembros de la comisión aprobaron por unanimidad su casación y recomendaron que el Plenario haga lo mismo el 13 de septiembre, cuando debería tratarse el tema. Claro que hasta entonces habrá negociaciones –y posibles chantajes– de bastidores con las que el denunciante-denunciado querrá salvar su cabeza: más de un diputado tiembla de sólo pensar en la información que Jefferson, experto penalista, pudo haberse guardado para una embestida final.
En los últimos días corrió el rumor, avalado por voceros ligados al diputado del PTB, asegurando que éste piensa devolver los 4 millones de reales ilegales que habría recibido del PT, maniobra que surtiría un impacto mediático suficiente para que la opinión pública clame por su absolución. “No soy un santo, pero tampoco un villano”, repite a menudo.
Para evitar el escarnio de aparecer ante cámaras ahora como un reo oyendo el dictamen en su contra, Jefferson no asistió a la sesión en la que fue representado por sus abogados, quienes impugnaron las conclusiones del relator y denunciaron la violación de derecho de defensa.
Al mediodía, cuando fundamentaron sus votos, la mayoría de los integrantes de la Comisión de Etica coincidió en que Jefferson denunció los acuerdos sólo cuando se sintió traicionado por sus cómplices del PT, que le giraron menos dinero de lo prometido. Así lo confesó el propio Jefferson ante la Comisión de Etica cuando describió cómo y dónde recibió los mentados 4 millones de reales. A pesar de ello, los legisladores discreparon en un punto, el “mensalao”.
Para los miembros del Partido Progresista y Partido Liberal, Jefferson no aportó pruebas de esa práctica: si se admite ese supuesto se abre camino a la impunidad de muchos de los 18 legisladores que ayer fueron acusados por otras dos comisiones, las que investigan el “mensalao” y la que pesquisa ilícitos en la Empresa de Correos. El argumento del PP y el PL es que no hay pruebas sobre ese pago. El parecer de los relatores Osmar Serraglio e Ibrahim Abi-Ackel es muy distinto, para ellos no hay dudas de que hubo sobornos, sea para financiar campañas electorales o para inducir votos en el Congreso. “Es incontestable que parlamentarios y dirigentes partidarios que integran la base de sustento del gobierno recibieron dinero”, afirma el documento que también fue votado por todos los integrantes de esas dos instancias investigadoras en últimas horas de la tarde. De los 18 congresistas acusados allí el más notorio es José Dirceu, junto a quien hay otros 5 miembros del Partido de los Trabajadores. Ahora ese dictamen deberá pasar por la presidencia de Diputados y de allí a la Comisión de Etica, por lo que la posible destitución de Dirceu recién sucedería en un par de meses.
A las tres comisiones mencionadas se agrega la que ausculta posible financiamiento de los bingos en las campañas electorales del PT. Aunque menos visible hasta el momento, la tarea de ese grupo puede ser letal para lo que resta del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Allí compareció ayer Joao Francisco Daniel, hermano de Celso Daniel, el ex intendente petista de Santo André asesinado en el 2002. Daniel acusó directamente a Dirceu de participar en el esquema de corrupción que, dijo, es responsable de la tortura y ejecución del ex alcalde. Más: uno de los operadores de los sobornos cobrados a empresas de servicios de Santo André habría sido Gilberto Carvalho, actual secretario del presidente Lula y ex funcionario de ese municipio del gran San Pablo.
También se investigan en esa comisión los supuestos ilícitos del ministro de economía Antonio Palo-cci, cuyo jefe de gabinete, Juscelino Dourado, renunció ayer. Dourado había prestado testimonio ante ese cuerpo el miércoles, negando toda vinculación de su jefe con las mafias. No se descarta que el próximo convidado a deponer sea el propio Palocci.