La Fiscalía General de Bolivia amenazó ayer con librar orden de captura contra un ex jefe de las fuerzas armadas que eludió ser indagado por su papel en la represión como asesino de más de 60 personas en 2003, durante masivas protestas antigubernamentales. El general retirado Luis Aranda, jefe de las fuerzas armadas durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, derrocado ese año, desacató una orden judicial para prestar declaración informativa sobre aquella represión, informó la agencia Bolpress.
La ausencia provocó la suspensión de la audiencia y la Fiscalía amenazó con emitir órdenes de captura contra Aranda y otros tres ex jefes militares si rehúsan presentarse a declarar en el juicio por genocidio contra Sánchez de Lozada. El ex mandatario y varios de sus ministros fueron acusados por el asesinato de 60 personas y las heridas sufridas por cientos de manifestantes, en su mayoría del área de La Paz y la vecina ciudad de El Alto, en el llamado “octubre negro” de 2003. Los cuatro ex jefes castrenses invocaron el “secreto militar” para eludir citaciones de la Fiscalía, pese a un fallo inapelable de la Corte Suprema que levantó tal “secreto” y ordenó que acudieran a las instancias judiciales. Aranda debía explicar las órdenes recibidas de Lozada para la represión del 2003 en la llamada “guerra del gas”, una escalada de protestas contra la exportación del combustible vía Chile y la privatización de los hidrocarburos.