En una iniciativa que no tiene precedentes en tiempos recientes, George W. Bush decidió proponer al juez John Roberts como presidente del Tribunal Supremo, en sustitución de William Rehnquist, fallecido el pasado sábado. Roberts todavía no es miembro del tribunal: fue propuesto por Bush el 19 de julio para sustituir a Sandra O’Connor y estaba previsto que el debate para su confirmación en el Senado empezara hoy, aunque se ha aplazado unos días por el funeral de Rehnquist. A Roberts, un conservador pragmático que fue ayudante de Rehnquist hace 25 años y que pertenece a su misma escuela jurídica, se lo daba prácticamente por confirmado.
Ahora, la ofensiva de Bush sitúa ese debate en un nivel político superior. Si el juez es doblemente confirmado –como magistrado del Supremo y como presidente– estará al frente de la cabeza del poder judicial durante un largo período de tiempo, porque el puesto es vitalicio y Roberts tiene solamente 50 años. El candidato “se ha ganado la confianza del país”, según Bush, que no explicó cómo lo ha logrado en tan poco tiempo y sin haberse aún estrenado en el alto tribunal. El presidente prefirió no elegir al magistrado más conservador del Supremo, Antonin Scalia, amigo del vicepresidente Cheney y sucesor natural de Rehnquist, porque Roberts es también conservador, pero con mejor imagen y, sobre todo, con la edad necesaria para estar en el puesto durante toda una generación. Tampoco buscó un candidato que no estuviera ya en el Supremo, porque no habría sido confirmado a tiempo para el comienzo de las sesiones, el 3 de octubre. En ese caso, hubiera actuado como presidente en funciones John Paul Stevens, de 85 años y liberal.
Aunque su mandato provisional hubiera sido breve, la Casa Blanca no quería correr riesgos: además de marcar el perfil de la institución –Rehnquist ha sido, durante sus 19 años al frente del Supremo, el arquitecto del giro conservador del tribunal– el presidente del Supremo juega un papel fundamental, porque reparte los casos entre los magistrados y arbitra en los debates. “Lo que está en juego es de mayor calibre y la responsabilidad del Senado es aún más importante”, advirtió el líder de la minoría demócrata, Harry Reid, dando a entender que su partido será más exigente ahora. Aunque hay miles de documentos sobre el historial jurídico de Roberts a disposición de los senadores, los demócratas han solicitado, sin éxito, los papeles de las épocas en la que el juez trabajó como abogado para el presidente Reagan y para Bush padre.
El gobierno dice que no va a facilitarlos porque recogen “discusiones internas” protegidas por la confidencialidad abogado-cliente. Lo que los demócratas quieren es alguna prueba sobre los juicios y las intenciones de Roberts en cuanto al aborto, legal por decisión del Supremo desde 1973 y bajo la presión de la derecha religiosa para limitarlo.
Para cubrir el puesto vacante, Bush podría elegir a una mujer o a un hispano. Además, la urgencia es relativa, porque la dimitida Sandra O’Connor dijo que permanecería en su puesto el tiempo que fuera necesario.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.