La crisis brasileña se convirtió en un cruce constante de declaraciones entre la oposición, el gobierno y sus aliados. Poco importa la credibilidad u originalidad de lo que se diga. El ex presidente Fernando Henrique Cardoso ha tomado la costumbre de lanzar ácidos comentarios, cuestionando la gobernabilidad del presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva, al tiempo que el ex jefe de Gabinete, José Dirceu, no se cansa de defenderse con dramáticas denuncias de complot y “ajusticiamientos políticos”. En cambio, para entender el verdadero juego político que se desató con la crisis hay que leer entre líneas. La nueva ofensiva de la oposición contra el presidente de la Cámara de Diputados, Severino Cavalcanti, es otra de las formas de atacar lo más posible. Desde el comienzo de la crisis, la oposición ha buscado ganar espacios a todo costa.
Lo irónico del pedido de suspensión a Cavalcanti, que hicieron ayer los cuatro partidos más importantes de la oposición, es que fueron estos mismos partidos los que lo votaron cuando compitió contra el petismo. De hecho, la composición de la dirección de la Cámara tiene diputados de la Social Democracia (PSDB) y del Frente Liberal (PFL) actualmente. ¿Dónde se dio el quiebre? ¿Cuándo se convirtió Cavalcanti en un enemigo que valía la pena tumbar por un caso de corrupción irrisorio en comparación con los sobornos millonarios que involucran a otros diputados que todavía están en función? La respuesta se puede encontrar al inicio de la crisis o, más exactamente, cuando la crisis empezó a mostrar que había llegado para quedarse.
El partido de Cavalcanti, el Partido Progresista (PP), es uno de los dos más involucrados en las denuncias de corrupción (sin tener en cuenta el Partido de los Trabajadores (PT) que se ganó el centro de todas las acusaciones). Este dato, que seguramente Cavalcanti no desconocía, llevó a una poco sutil alianza estratégica entre el presidente de Diputados y el gobierno. Harto evidenciado quedó cuando unos días atrás, mientras la oposición cerraba fuerzas contra el PT y especialmente contra Lula, Cavalcanti salió a pedir “penas blandas” para los diputados involucrados.
Una posible suspensión de Cavalcanti no llevaría inmediatamente a un cambio brusco en la dirección de la Cámara, salvo que la situación escale tanto que se suspenda toda las autoridades y se llame a votación. Pero tendría un efecto institucional devastador sobre el Congreso y representaría un golpe político para Lula.