“Llegó la hora de recuperar la tierra venezolana para ponerla a producir lo que nuestro pueblo necesita para su sustento”, anunció ayer Hugo Chávez en su programa dominical Aló Presidente que se emitió desde un latifundio intervenido por el ejército la semana pasada. A lo que podrían ser las primeras medidas de una reforma agraria a nivel nacional, la oposición contestó con protestas y manifestaciones pacíficas en Caracas. En su programa, el mandatario también comunicó la firma de la nueva ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional que prevé nuevos contingentes civiles y militares para enfrentar “cualquier ataque interno o externo”. Con esta nueva ley, el país podrá contar, dentro de poco, con un millón de reservistas.
Chávez denunció que sectores extranjeros y locales –junto a medios de comunicación– intentan aprovechar el momento para llevar al país “otra vez a una situación de conflicto abierto”, aduciendo que la propiedad privada está siendo amenazada. Ayer fue divulgada una encuesta de la firma Hinterlaces, que revela que el 87 por ciento de los venezolanos apoya la propiedad privada, mientras sólo un 8% la rechaza. “Yo también respaldo la propiedad privada”, explicó el presidente venezolano, aunque afirmó que “toda propiedad debe estar regulada por la ley, limitada por la ley”. En otras palabras: “La propiedad privada no es sagrada”. Chávez anunció que su objetivo es llegar al medio millón de hectáreas recuperadas este año. Un técnico del Instituto de Tierras explicó que el latifundio ocupa 4 millones de hectáreas en Venezuela, que importa 6000 toneladas de carne por mes y 6000 toneladas de leche. Chávez no dudó en sentenciar: “En Venezuela se acaba el latifundio o yo muero en el camino”.
Además de las cuatro haciendas intervenidas hasta ahora, que representan 68.000 hectáreas, el gobierno de Chávez ha tomado plantas procesadoras ociosas y anuncia que cancelará concesiones mineras a empresas trasnacionales, dentro de su plan de instaurar en este país petrolero sudamericano un “socialismo del siglo XXI”. Estas acciones gubernamentales se inscriben en la Ley de Tierras aprobada este año y que define como latifundio aquellos terrenos improductivos de más de 5000 hectáreas de extensión. La Constitución, asimismo, garantiza el derecho a la propiedad y ampara las figuras de intervención y expropiación “por causa de utilidad pública o interés social mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización”.
Las medidas han causado reacciones de todo tipo. Por un lado, hubo apoyo desde el exterior. El líder del movimiento brasileño de los Campesinos Sin Tierra, Joao Pedro Stedile, asistió al acto como invitado de Chávez, y lanzó un llamado a los campesinos a “tomar las tierras sin esperar que el gobierno lo haga”. Pero desde el interior del país, las reacciones no fueron tan positivas. Desde el mediodía de ayer, opositores a Chávez convocaron a una protesta con cacerolas y pitos en todo el país, aunque principalmente se dieron en las calles de Caracas, en los barrios residenciales de clase media y alta. “Estas son acciones cívicas y pacíficas a las que están llamados a sumarse todos los venezolanos, por la preocupación ante las políticas antidemocráticas que aplica el régimen de Chávez y el desconocimiento de la propiedad privada”, declaró el ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.