Por Juan Jesús Aznárez*
Enviado especial a Santafé de Bogotá

El presidente electo de Colombia, Alvaro Uribe, eliminará el servicio militar obligatorio después de haber completado un ejército profesional de 100.000 soldados para combatir contra dos guerrillas armadas hasta los dientes. Hasta entonces los reclutas de familias pobres, más que los hijos de papá, seguirán siendo, durante un año, la carne de cañón de una guerra interna con 40.000 muertos. La conscripción nunca perdonó a los trabajadores y campesinos, poco entrenados y peor motivados, pero las familias con 100 o 200 dólares disponibles pudieron sobornar, y lograr que sus hijos no hicieran el servicio o lo cumplieran como guardias municipales u oficinistas.
“El servicio militar obligatorio no es el indicado para enfrentar a curtidos grupos violentos”, declaró el liberal disidente de 49 años, cuyo padre fue asesinado, en 1983, por las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC), la guerrilla más poderosa de América Latina: 18.000 hombres y un gran arsenal gracias al narcotráfico, la extorsión y los secuestros. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) cuenta con cerca de 5000 hombres, y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los paramilitares, más de 8000. El ejército dispone de 140.000 hombres, entre ellos 50.000 profesionales. Uribe prepara refuerzos para ordenar una ofensiva si fracasa la reanudación del diálogo, cuya gestión ha pedido a las Naciones Unidas.
“Ni un asesinato, ni una matanza más”, pidió el presidente electo. Los seguirá habiendo porque el salvajismo se impuso de nuevo después del fracaso de las negociaciones de paz abiertas en 1999 entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC. Fueron suspendidas el pasado 20 de febrero, sin haberse llegado a ningún acuerdo de fondo sobre los principales problemas de este país de 40 millones de habitantes, casi el 60 por ciento en la pobreza.
La dinámica de la violencia sustituyó al diálogo, y volvió la guerra de guerrillas, nunca los choques abiertos. Y continúa el alistamiento de jóvenes, con una lotería para impedir la sangrante discriminación de un pasado reciente. “El día en que los hijos de las elites tengan que luchar en la guerra se acaba el conflicto colombiano”, sostiene un veterano periodista. Ni Uribe ni sus dos hijos, de 20 y 18 años, han hecho el servicio militar, según las fuentes consultadas.
La eliminación de la conscripción no significa el abandono de la instrucción castrense, según los planes del gobierno que asumirá funciones el 7 de agosto. “Todos los jóvenes recibirán entrenamiento militar como los profesionales de la reserva, y serán colaboradores permanentes de la fuerza pública –señala Uribe en su ‘Manifiesto democrático’–. Cuando digo todos es porque se acabó la discriminación.” Las reformas legales evitaron que los hijos de las familias ricas quedaran exentos del servicio, pero las influencias y sobornos, ahora por encima de los 1000 dólares, las enfermedades inventadas y la preparación académica todavía determinan buena parte de los destinos.
Los jóvenes campesinos o urbanos que no hayan podido estudiar deberán prestar un año de Servicio Social Obligatorio en dos etapas, según el proyecto del político que barrió en las presidenciales del domingo. En la primera, recibirán capacitación durante tres meses en escuelas profesionales o universidades tecnológicas, y en la segunda, de nueve meses de duración, deberán poner en práctica los conocimientos adquiridos en su región y transmitirlos a sus comunidades. El objetivo es que todos colaboren en reducir el atraso educativo de una nación con 2,5 millones de niños y adolescentes sin escolarizar.
Jefes y oficiales han establecido contacto con 20.000 familias, desde el fracaso del proceso de paz, para instarles a que no sobornen. “El servicio a la patria es el primer deber de todo ciudadano”, declaró el coronelCarlos Rueda, responsable de la oficina de reclutamiento. Los colombianos que cumplen 18 años deben presentarse en las oficinas de reclutamiento, y los bachilleres cumplen un año en funciones alejadas de los combates. Las tres armas, según fuentes oficiales, necesitan de 27.000 graduados anualmente para atender las necesidades burocráticas de una maquinaria castrense que aceita sus engranajes.
*De El País de Madrid, especial para Página/12.