La militarización colombiana va tomando forma, conducente a la “mano dura” contra la insurrección que propugna Alvaro Uribe, presidente electo este domingo. La polémica se abrió ante un proyecto de ley que faltaría debatirse en la plenaria del Senado y, si se aprueba, autorizaría el uso de armas de guerra por parte de civiles. El propósito de Uribe de fortalecer la capacidad militar y su llamado a que la comunidad internacional medie en el conflicto colombiano ya busca su cauce: está prevista una reunión con el presidente norteamericano, George. W. Bush, para el 20 de junio, y otra con el secretario general de la ONU, Kofi Annan. Anticipando la gran cita, Otto Reich, subsecretario de Estado norteamericano para América Latina, viaja hoy a Colombia para reunirse por dos días con Uribe, representantes de la sociedad civil y funcionarios del gobierno saliente.
Diversas ONGs alertaron sobre la posibilidad de que el Senado colombiano aprobara una ley que autorizaría el uso de armas de guerra a civiles, según un informe que ayer divulgó la prensa bogotana. El proyecto de ley, de entrar en vigor, permitiría otorgar un salvoconducto para portar una subametralladora a todo quien justifique la necesidad de adquirirla. Enseguida recibió críticas de la Comisión Colombiana de Juristas, Medicina legal y expertos en desarme. El director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, advirtió que tal iniciativa “legalizaría a los paramilitares y traería el problema de las Convivir, antiguas cooperativas de civiles armados que rigieron cuando Uribe era gobernador del departamento de Antioquia. Contra estas críticas, el senador Alfonso Lizarazo requerirá que se estudie la norma en el marco de un nuevo debate en la Comisión Segunda del Senado, mientras que el legislador Enrique Gómez dijo que “resulta irracional que el derecho a la defensa esté prohibido”.
Tras las legislativas de marzo, un mayor número de parlamentarios se identifica con la línea dura uribista. Y los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia se jactan de que “un tercio del Congreso es nuestro”.