Bolivia parece haber retornado –y nadie sabe por cuánto tiempo– a la “normalidad” de los últimos meses: conflictos regionales, empantanamiento institucional e incertidumbre sobre el futuro inmediato. Esta vez fue el Tribunal Constitucional el encargado de patear el tablero político penosamente construido luego de la crisis de junio, que le costara el cargo al ex presidente Carlos Mesa, en medio de fuertes convulsiones sociales.
Primero fue el fallo que ordena redefinir el número de escaños del próximo Congreso de acuerdo con el censo poblacional de 2001, respondiendo positivamente a un pedido de Santa Cruz de la Sierra y reactivando los conflictos regionales. A lo cual se sumó la admisión de un recurso presentado por la brigada parlamentaria potosina demandando la inconstitucionalidad de los comicios generales del 4 de diciembre, ya que la Constitución sólo prevé la elección de presidente y vice, y la renovación del Parlamento fue parte de un acuerdo político para contrarrestar el malestar social.
La decisión del tribunal determina que Santa Cruz –destino de fuertes corrientes migratorias desde el occidente pobre del país– gana cuatro diputados, Cochabamba otros dos y La Paz, Oruro y Potosí pierden dos, uno y tres escaños respectivamente. Los dirigentes cívicos y parlamentarios de estos últimos departamentos se atrincheraron contra el dictamen judicial y se declararon en estado de movilización, lo cual se tradujo en un empantanamiento de posiciones encontradas en el Congreso que es aprovechado por muchos de los legisladores que no quieren irse anticipadamente. “Varios parlamentarios que aceptaron la renovación del Congreso, ahora que ven que la movilización social bajó tratan de aprovechar este embrollo para quedarse”, dice el diputado de ADN Fernando Rodríguez. Por su parte, los cruceños –embarcados en una fuerte ofensiva autonomista– amenazan con la desobediencia civil si no le asignan los escaños adicionales. “El fallo del Tribunal Constitucional no llegó en un momento oportuno”, resumió el cauteloso presidente Eduardo Rodríguez Veltzé.
Y a ello se suma otra susceptibilidad: el fallo llegó en la semana en la que las encuestas pusieron a Evo Morales como favorito para ganar las elecciones con varios puntos de diferencia sobre el derechista Jorge “Tuto” Quiroga. “Cuando el MAS aparece repuntando comienzan a surgir este tipo de obstáculos. Nos preocupa lo que vendrá después, está claro que hay fuerzas conservadoras que no quieren dejar el poder y pueden llegar hasta la conspiración”, dijo a Página/12 el candidato vicepresidencial del MAS, Alvaro García Linera.
Detrás de la resolución judicial está el fantasma de los sectores duros del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que responden al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, autoexiliado en Washington, los cuales tendrían vínculos con algunos de los jueces nombrados bajo su gobierno. El MNR es hoy la principal bancada parlamentaria, y, según los sondeos, se vería pulverizada por el castigo ciudadano en las próximas elecciones. “Sánchez de Lozada apuesta a una solución por el desastre con tal de evitar el juicio de responsabilidades en su contra (por los muertos de octubre de 2003) y perder las cuotas de poder que aún conserva”, concluyó el diputado de ADN. Y este barro sobre la cancha parece confirmar un pronóstico reservado sobre unos comicios percibidos como una oportunidad para –después de tantas convulsiones sociales– “refundar” el país.