Judith Miller, la periodista del New York Times que estuvo presa desde el 6 de julio por negarse a testificar sobre la filtración del nombre de un agente secreto de la CIA, fue liberada de un centro de detención de Virginia ayer después que ella y sus abogados llegaron a un acuerdo con el fiscal general para atestiguar ante el gran jurado que investiga el asunto. Miller fue liberada después de pasar más de 12 semanas en la prisión federal de Alexandria en Virginia, durante las cuales se negó a cooperar con la investigación criminal. Su decisión de testificar se produjo después que ella obtuvo un ofrecimiento voluntario y personal por una fuente que dijo que no seguía más atada a ninguna promesa de confidelidad que le hubiera hecho antes. Ella dijo que la fuente le transmitió genuinamente que quería que ella atestiguara.
Esa fuente era I. Lewis Libby, el jefe de personal del vicepresidente Dick Cheney. Miller se reunió con Libby el 8 de julio de 2003 y habló con él por teléfono más tarde esa semana. Los discusiones entre los funcionarios del gobierno y los periodistas esa semana fueron el foco central de la investigación. En una declaración, Miller dijo que esperaba aparecer frente al gran jurado mañana. Ella fue liberada después que ella junto con sus abogados se reunieron en la prisión con Patrick Fitzgerald, el fiscal en el caso para discutir su testimonio. El editor del Times, Sulzberger Jr., declaró que el diario apoyaba la decisión de Miller de atestiguar, de la misma manera que había apoyado antes su negativa a cooperar.
La investigación del fiscal Fitzgerald se centró en la cuestión sobre si alguien de la administración Bush reveló ilegalmente a los medios la identidad de un agente secreto de la CIA, Valerie Wilson, cuyo nombre fue publicado por primera vez en julio del 2003. Revelar a sabiendas la identidad de un espía es considerado un delito en EE.UU. El jurado trata de determinar si existen pruebas suficientes que demuestren que se ha cometido un delito. La ocupación secreta de Valerie Plame se conoció en el 2003, pocos días después de que su marido, el ex embajador Joseph Wilson, refutase la acusación realizada por el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, de que Saddam Hussein había intentado comprar uranio en Níger para fabricar una bomba atómica en Irak. Wilson afirmó que la filtración fue una medida de represalia de la Casa Blanca y apuntó directamente a Lewis “Scooter” Libby, el jefe de gabinete del vicepresidente Dick Cheney, como responsable. Por su parte, la revista Newsweek publicó un artículo en el que se aseguraba que Karl Rove, principal asesor político de Bush, fue una de las fuentes a las que recurrió su reportero Andrew Cooper para la redacción de una nota sobre Plame.
La Casa Blanca aseguró en repetidas ocasiones, durante los dos años que lleva abierta la investigación, que despediría al “soplón” y que Rove no tenía nada que ver con el caso. Rove reconoció, por medio de su abogado, haber hablado con Cooper, aunque señaló que no había revelado, a sabiendas, la ocupación secreta de Plame. Miller ingresó en prisión a pesar de que, a diferencia de Cooper, nunca llegó a escribir un artículo sobre Plame y se limitó, simplemente, a hacer averiguaciones al respecto.