Los fiscales golpearon con fuerza ayer en el centro de la administración Bush cuando un alto funcionario de la Casa Blanca fue acusado de cinco delitos conectados con el escándalo de filtraciones de la CIA. Si es declarado culpable, enfrentaría 30 años de cárcel y multas por 1 millón doscientos cincuenta mil dólares. También se anunció que se seguiría investigando el supuesto rol en el asunto del alto consejero político de Bush y confidente, Karl Rove. Al final de una dura semana para el presidente, Lewis “Scooter” Libby, el jefe del gabinete del vicepresidente Dick Cheney, fue acusado de cometer perjurio dos veces, de hacer falsas declaraciones dos veces y de obstruir la Justicia una vez.
Un juicio a Libby, quien renunció a su puesto inmediatamente, podría llevar a una investigación de cualquier rol que haya jugado Cheney. El vicepresidente fue nombrado durante el procesamiento de Libby como su fuente sobre la identidad de la agente secreta de la CIA, Valeria Plame. Cualquier audiencia podría conducir a un examen mucho más amplio del modo en que la administración manipuló la información con que justificó la guerra en Irak. Cheney también podría encontrarse a sí mismo en el papel de testigo clave. Anoche, ya hubo llamados de los demócratas del Capitolio para una investigación más amplia. Mientras el fiscal especial Patrick Fitzgerald indicaba que, en esta etapa, no tenía intención de acusar a Rove, los investigadores dijeron que no habían terminado sus labores y dejaron abierta la opción para una acusación más adelante.
Como resultado, Rove seguirá aconsejando a Bush, pero envuelto en una nube considerable de sospechas en un momento crucial para el presidente. Un informe sugería que Rove sólo evitó ser acusado después de brindar nueva información a Fitzgerald durante negociaciones que duraron once horas. Fitzgerald dijo sobre el procesamiento de Libby: “Cuando los ciudadanos testifican ante los grandes jurados, se les requiere decir la verdad. Sin la verdad, nuestro sistema judicial no puede servir a nuestra nación o a sus ciudadanos. El requisito de decir la verdad se aplica a todos los ciudadanos por igual, incluyendo a personas que tienen cargos importantes en el gobierno. En una investigación relacionada al secreto de identidad de un funcionario de la CIA, es especialmente importante que los grandes jurados sepan lo que realmente pasó”.
La decisión de presentar cargos siguió a una complicada investigación de dos años sobre la filtración en el verano de 2003 de la identidad de Plame, agente secreta de la CIA y mujer del ex embajador Joe Wilson. Wilson había molestado a la Casa Blanca cuando reveló que las declaraciones de Bush de que Irak estaba tratando de obtener uranio para reactivar su programa de armas nucleares eran falsas. Sólo días después que Wilson hizo las revelaciones a este diario y a The New York Times, un columnista conservador, Robert Novak, reveló que Plame trabajaba para la CIA y que había recomendado a su marido para un viaje a Africa occidental para investigar las acusaciones de que Irak estaba tratando de comprar uranio de Níger. Novak dijo que su información vino de dos “altos funcionarios de la administración”.
Mientras que Libby no fue acusado por la filtración de la identidad de Plame, Fitzgerald dejó en claro la seriedad de ese delito. “Revelar información clasificada sobre un empleado de la CIA tiene el potencial de dañar la seguridad nacional”. Partidarios del presidente intentaron minimizar la seriedad de los hechos de ayer pero el daño por el procesamiento de Libby es considerable y tiene el potencial de empeorar. Aunque su nombre pueda no resultar familiar para millones de estadounidenses comunes, Libby tiene un lugar en el corazón de la administración Bush y fue un jugador clave en la planificación de la invasión a Irak. Cualquier juicio podría examinar de cerca los roles que él, Cheney y otros altos funcionarios tuvieron en la campaña para la invasión y la manipulación de inteligencia sobre la supuesta amenaza de Saddam Hussein en un momento en el que el apoyo del público para la guerra había caído a su punto más bajo.
Es incierto lo que Libby pueda revelar durante un juicio. Fitzgerald ha acusado a Libby de mentir a los agentes del FBI que lo entrevistaron en octubre y noviembre de 2003, de cometer perjurio al mentirle al gran jurado dos veces en marzo de 2004 y de “obstaculizar” la investigación del jurado en la filtración de la identidad de Plame. Dijo que Libby había mentido sobre lo que les dijo a varios periodistas, incluyendo a Judith Miller, del New York Times, sobre Plame.
Para sorpresa de algunos analistas legales, Libby no fue acusado por la filtración de la identidad de Plame. Sin embargo, una información de prensa divulgada por Fitzgerald declara: “Libby tenía acceso frecuente a información clasificada y hablaba frecuentemente con funcionarios de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos y otros funcionarios del gobierno en relación con asuntos delicados de seguridad nacional. Libby estaba obligado por el estatuto judicial federal, las regulaciones, las órdenes ejecutivas y un acuerdo escrito a no revelar información clasificada a personas no autorizadas”. El documento añade: “La acusación de obstrucción generalizada a la Justicia significa que, mientras testificaba bajo juramento ante el gran jurado, Libby a sabiendas y corruptamente se las arregló para influenciar, obstruir e impedir la investigación del gran jurado engañando y mintiéndole en relación con el modo, la forma y los medios por los cuales el adquirió y subsecuentemente reveló a los medios información relacionada con el empleo en la CIA de Valerie Wilson Plame”. Hace tiempo que Wilson dejó en claro su opinión de que la oficina de Cheney estaba en el centro de los esfuerzos por desacreditarlo y socavarlo. En un libro publicado el año pasado, dijo que los altos miembros de la oficina del vicepresidente se reunieron y decidieron “conspirar contra él”. En una entrevista subsecuente, casi llegó a acusar a Cheney de estar personalmente involucrado.
“Me resulta difícil creer que un jefe de gabinete estuviera emprendiendo algo así, sin que tuviera, por lo menos, el conocimiento del vicepresidente”, dijo. “Si éste no lo sabía, debería estar diciéndolo ahora mismo”. Cheney dijo que aceptaba la renuncia de Libby con “profundo pesar”. Añadió que “en nuestro sistema de gobierno, un persona acusada se presume inocente” hasta ser condenada.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12. Traducción: Celita Doyhambéhère.