Patrick Fitzgerald, fiscal especial responsable por el procesamiento del jefe de gabinete del vicepresidente Dick Cheney, demostró que bien puede convertirse en la peor pesadilla de la Casa Blanca de Bush. En dos años de persistente investigación, ha logrado lo que los medios y el Partido Demócrata evitaron y sacó a relucir una plétora de inconsistencias, distorsiones y mentiras lisas y llanas mientras la administración trata de justificar la guerra en Irak.
El procesamiento ayer de Scooter Libby, el primero de un funcionario de la Casa Blanca en funciones en 130 años, bajo cargos de obstruir la Justicia y mentir a investigadores y a un gran jurado, se relacionó primero y ante todo con la revelación de la identidad de una agente de la CIA. El secreto de Valerie Plame Wilson fue revelado aparentemente como venganza hacia su marido, el diplomático Joe Wilson, que fue a Níger a investigar informes de que Saddam Hussein estaba comprando torta amarilla de uranio y concluyó, para frustración de la administración, que los informes eran falsos.
Pero el cuadro más grande, que Fitzgerald puede estar sólo comenzando a revelar, se refiere a la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos deliberadamente fraguara partes de su caso para la guerra y mintiera al Congreso sobre la base de información que sabía que no era cierta. Ha sido una investigación asombrosa, en la que altos funcionarios de la Casa Blanca, desde el presidente para abajo, se han visto obligados a retractarse, bajar el tono o modificar declaraciones que, a medida que progresaba el trabajo de Fitzgerald, se volvían insostenibles.
El escándalo amenazó la reputación del New York Times, cuya reportera de investigación Judith Miller no sólo brindó una cámara de resonancia para acusaciones infundadas de la administración sobre las armas de destrucción masiva de Irak sino que, según los propios descubrimientos del diario, les mintió a los colegas y parecía más interesada en proteger las fuentes de su gobierno, incluyendo a Libby, que en defender la integridad de su profesión. Miller pasó 85 días en prisión, ostensiblemente para evitar discutir las conversaciones con Libby aunque él había divulgado un permiso liberándola de sus obligaciones de confiabilidad.
Además de las acciones que condujeron a acusaciones judiciales, el escándalo ha lanzado a uno tras otro de los funcionarios de la administración Bush al centro de la escena. El presidente Bush mismo se vio forzado a desdecirse después de haber afirmado que despediría a cualquiera que estuviera involucrado en la filtración. Cheney dijo a un entrevistador en 2003 que no tenía “ni idea” de quién había enviado a Joe Wilson a Níger. Según el procesamiento, sin embargo, Cheney fue el primero que sugirió que se enviara a Wilson.
El vocero de la Casa Blanca Scott McLellan declaró “categóricamente” en octubre de 2003 que Libby y Karl Rove, el estratega político del presidente Bush, no estaban involucrados en la filtración del nombre de la señora Wilson. Desde entonces, se ha lamentado de que meramente estaba pasando las afirmaciones de otros y que no mintió a sabiendas. Rove mismo dijo en aquel tiempo que no tenía conocimiento de la filtración Wilson, algo que ahora parece no ser verdad. Aunque escapó al procesamiento de ayer, Rove sigue bajo un fuerte escrutinio.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12. Traducción: C.D.