Minutos antes de las diez de la noche de ayer, el presidente Eduardo Rodríguez Velzé apareció en la televisión para anunciar que ponía fin, por decreto, a la “guerra de los escaños” desatada tras un fallo del Tribunal Constitucional que ordenó redistribuir las bancas parlamentarias de acuerdo con el censo poblacional de 2001. La sentencia judicial provocó fuertes enfrentamientos regionales que, sumados a los intereses personales de los diputados que no quieren dejar anticipadamente sus bancas, generó el aplazamiento de las elecciones del 4 de diciembre. Con el “decretazo” de ayer, los cruceños, que reclamaban cuatro escaños adicionales, ganaron tres, que serán “cedidos” involuntariamente por La Paz, Oruro y Potosí, y se convoca a elecciones para el 18 de diciembre, sin afectar la fecha de transmisión de mando.
Poco antes del mensaje presidencial, fracasaba una cumbre reunida en Santa Cruz de la Sierra, en la que los intereses regionales y de los partidos tradicionales en crisis primaron frente a los consensos necesarios para desempedrar el camino hacia los comicios, visualizados por la mayoría de los bolivianos como la única manera de renovar –por la vía institucional– el cuestionado sistema político. “Más que respaldo legal para el decreto, hay en este momento en todo el país un deseo, un clamor, de que esta incertidumbre se despeje definitivamente”, justificó el portavoz oficial Julio Pemintel.
El fin de semana, en una proclamación en la región cocalera del Chapare, el candidato presidencial del MAS –y favorito en las encuestas–, Evo Morales, dijo que “si Jorge Quiroga (de derecha) estuviera primero en las encuestas no habría problemas de escaños. Nos quieren robar nuestra victoria, pero con esta actitud los partidos tradicionales sólo están alargando su agonía una o dos semanas”. Y advirtió: “Cuidado que venga otro 1952 (Revolución Nacional) y recuperemos el poder por la fuerza”. También los otros candidatos –Quiroga y Samuel Doria Medina– y los empresarios privados se mostraron partidarios de un decreto que habilite las elecciones.
“Los radicales de uno y otro bando están buscando la solución por el desastre”, había expresado el diputado del MAS Antonio Peredo. Y uno de los grupos radicales –en este caso cruceño– es la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), que comenzó a distribuir libros de firmas en demanda de la independencia, vía referéndum. “¿Quiere que Santa Cruz sea una república independiente, sí o no?”, preguntan. Los mismos “jóvenes cruceños” increparon la anterior semana a Evo Morales, de visita en Santa Cruz, bloqueando las puertas de su hotel. “Exigimos respeto a Santa Cruz. A Evo le digo que esta tierra no lo quiere, que no venga, que nos deje trabajar tranquilos”, dijo el dirigente de la UJC, Wilberto Zurita. Para García Linera, esta demanda es esgrimida por un diminuto sector cívico-empresarial ultraconservador, incluyendo a sectores del MNR cruceño –que tuvo una influencia decisiva sobre el poder central durante los últimos veinte años, hasta la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada– desesperado por la pérdida de su poder. Con el decreto 28429, el primer mandatario boliviano intenta desactivar la bomba de tiempo que tiene en sus manos.