La Asamblea Nacional francesa, la cámara baja, en sesión solemne, aprobó la nueva ley antiterrorista con los votos de la UMP y la UDF (373), la abstención de los diputados socialistas y el voto en contra (27) de los comunistas y republicanos. El socialismo optó al final por abstenerse alegando que no se habían tenido en cuenta algunas de sus enmiendas, pero dejando bien claro que “como partido de Gobierno” estaba básicamente de acuerdo con el texto elaborado por el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, ante la ola de atentados islamistas ocurridos en Londres y en Madrid. El texto debe pasar todavía por el Senado, donde su aprobación está prevista antes de fin de año.
La sesión de los diputados franceses prácticamente no tuvo debate. “La lucha contra el terrorismo”, dijo Sarkozy, “no es un asunto de derechas ni de izquierdas, sino al contrario: ha habido una continuidad, fueran cuales fueran los Gobiernos, para reforzar el arsenal jurídico antiterrorista”.
La nueva ley autoriza especialmente la generalización de la videovigilancia, endurece las penas por delitos de terrorismo, permite conservar datos de comunicaciones telefónicas y de internet, y estira la detención preventiva para este tipo de casos. El ministro Sarkozy se ocupó de dejar claro que la nueva ley no supone ningún atentado a las libertades ciudadanas de los franceses, incluida la extensión hasta seis días de la detención preventiva, que en el Reino Unido es de dos semanas.
Sarkozy también se comprometió a crear un grupo de trabajo parlamentario para que elabore una ley que permita a la cámara de diputados controlar las actividades de los servicios secretos franceses. Pese a que el primer ministro Dominique de Villepin dijo textualmente que no había que mezclar terrorismo con inmigración o poligamia, la sesión parlamentaria tuvo ayer un tono que podría definirse de marcadamente colonialista.
Esto es porque los socialistas habían presentado un proyecto de ley que pretendía derogar una ley aprobada en febrero por la mayoría conservadora, en la que se dice textualmente que “los programas escolares deben reconocer en particular el papel positivo de la presencia francesa en ultramar, y más concretamente en el norte de Africa”. En opinión del diputado de la UMP Christian Kert, la izquierda hacía una lectura “caricaturesca” del texto de la ley al leer “el papel positivo de la colonización” donde en realidad dice “el papel positivo de la presencia francesa”. Tras un debate muy agitado, con acusaciones de racismo, pero en el que subyacía una cuestión más de fondo como es la de la censura de los libros de texto, en el sentido de que alguien deberá decidir cómo y en qué contexto se cumple o no esta regla, la moción fue desestimada por la mayoría conservadora.