Por José Manuel Calvo *
Desde Washington

Los líderes republicanos y demócratas del Senado anunciaron un compromiso que abrirá la vía de la legalización de millones de indocumentados y ordenará la inmigración en Estados Unidos. “Es un excelente acuerdo”, aseguró Bill Frist, líder de la mayoría republicana.

El demócrata Harry Reid coincidió, aunque con cautela, a la espera de que se cierre el pacto, pero su presencia en el grupo de senadores de los dos partidos que hizo el anuncio dio la imagen de que el acuerdo está al alcance de la mano. El compromiso forjado durante la noche por dos republicanos, Mel Martínez y Chuck Hagel, se basa en una fórmula que refuerza las medidas de seguridad en la frontera, amplía el cupo anual de visados temporales y organiza por categorías el proceso de legalización para los 12 millones de indocumentados que se calcula que hay en EE.UU.

- Los que lleven en el país más de cinco años serían legales y aspirantes a conseguir la ciudadanía después de pagar una multa (la cantidad que se baraja es de 2000 dólares) y ponerse al día en los impuestos no cotizados. Además, tienen que tener un empleo y comprometerse a estudiar inglés. Este grupo, según Frist, abarcaría el 60 por ciento de los indocumentados actuales.

- Los que lleven de dos a cinco años –unos tres millones de personas– tendrían que salir brevemente de Estados Unidos y volver a entrar con un estatus de trabajadores temporales. A partir de ese momento podrían iniciar el proceso de ciudadanía.

- Los que llegaron después de 2004 –entre 1 y 2 millones– tendrían que volver a sus países y ponerse a la cola de los que solicitan un visado de trabajador temporal.

“Es una gran oportunidad para que les demos a los norteamericanos lo que estaban esperando y lo que merecen”, dijo Frist. Por su parte, Bush mostró su satisfacción por el principio de acuerdo y felicitó a los demócratas y republicanos implicados en la negociación. El presidente también asumió que faltaban resolver temas pendientes y animó a los senadores a cerrar el acuerdo antes de la dos semanas de vacaciones parlamentarias que empiezan a partir de mañana. Entre los detalles que no se dieron a conocer ayer porque estaban aún negociándose están la penalización que tendrán los empresarios que contraten a indocumentados y el tamaño de los cupos de temporales. “Aún hay obstáculos”, admitió John McCain, uno de los principales motores del acuerdo y cuyo perfil presidenciable por el Partido Republicano para 2008 cada vez crece más.

Posteriormente, habrá que conciliar el proyecto de ley que finalmente salga del Senado con el que aprobó la Cámara de Representantes en diciembre. El proyecto pedía la construcción de una verja de más de 1000 kilómetros en la frontera entre México y EE.UU. y criminalizaba a los indocumentados y a los empresarios que les dieran trabajo, sin aportar ninguna solución para los 12 millones de ilegales.

Los congresistas republicanos que apoyen la ley del Senado corren riesgos –también los demócratas–, porque el asunto es manipulable de cara a las elecciones de noviembre, sobre todo en los estados del suroeste en los que la inmigración se contempla como un problema de seguridad. La demagogia puede provocar la abstención entre los votantes más conservadores y la derecha religiosa y, tal como se perfilan las elecciones, eso podría suponer un maremoto político en las legislativas.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.