Una jornada de protesta estudiantil a nivel nacional dejó un saldo de más de mil bachilleres detenidos, cuatro carabineros heridos y daños a autos y locales. Desde ya hace unas semanas, los estudiantes secundarios han optado por confrontar al gobierno con tres demandas, principalmente: el pase escolar –un documento para obtener descuentos en los colectivos–, no pagar por rendir la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y poder hacer todos los viajes que requieran en transporte público. Los disturbios, que se centraron en Santiago aunque se reprodujeron en todo el país, se desataron porque los estudiantes no tenían el permiso oficial para manifestarse. La policía, en consecuencia, los enfrentó con carros hidrantes y gases lacrimógenos.

El vocero de La Moneda, Ricardo Lagos Weber –el hijo del ex presidente–, ratificó que el gobierno actuará con todo el rigor de la ley ante los desórdenes para resguardar el orden público. Por su parte, el ministro de Educación, Martín Zilic, también lamentó la violencia y explicó que hay algunas de las peticiones que no se pueden adoptar por su alto costo económico. La otra figura del gobierno que se refirió a los enfrentamientos fue el subsecretario del Interior, Felipe Harboe, que destacó que, además de los más de mil estudiantes, se detuvo a un concejal y a un dirigente del Partido Comunista que “estaban participando de la manifestación” en el centro de Santiago. “Lo que queda claro es que tenemos alguna gente que está aprovechando estas manifestaciones para hacer reivindicaciones de otro tipo y provocar agitación”, explicó el funcionario, aunque ningún otro miembro de algún partido político fue identificado en las diversas marchas.

El nivel de violencia que adquirieron las protestas estudiantiles de ayer no fue algo fortuito. En las últimas dos semanas, miles de jóvenes habían comenzado a manifestarse en defensa de sus demandas, que en principio giraban principalmente alrededor del pase estudiantil. En las dos últimas protestas, el gobierno resolvió disolverlas, llevándose detenidos a centenares de estudiantes, que horas después eran liberados tras verificarse las identidades. Por tercera vez ayer, en menos de un mes, el gobierno optó por irrumpir en las manifestaciones –el argumento oficial es que no hubo un pedido escrito formal de los jóvenes–, ayudando a fomentar aún más la movilización de los secundarios.