Por Walter Oppenheimer *
Desde Londres

Los atentados del 7 de julio del año pasado en Londres costaron poco más de 12.800 dólares a los cuatro terroristas que los llevaron a cabo, según un informe del Ministerio del Interior británico publicado ayer. Otro informe, de la Comisión de Inteligencia y Seguridad de los Comunes, exime a los servicios secretos de cualquier responsabilidad a pesar de que dos de sus autores fueron investigados de forma “periférica” meses antes. La falta de recursos y las prioridades del momento justifican a juicio de los diputados el que no se investigara con más detalle esa pista.

Los políticos de la oposición y familiares y amigos de las 52 víctimas mortales y los heridos en aquellos atentados han calificado de “enjuague” los dos informes y han reiterado su exigencia de que se lleve a cabo un informe detallado no sólo sobre los atentados en sí mismos, sino sobre las circunstancias que acabaron provocándolos. El informe ministerial, una mera relación secuencial de los acontecimientos, cita la política exterior como uno de los elementos que provocaron la radicalización de los cuatro jóvenes que se suicidaron haciendo explotar en cuatro vagones del metro de Londres las mochilas que llevaban consigo. Pero se abstiene de culpar directamente la participación del Reino Unido en la guerra de Irak como uno de los elementos que influyó en esa radicalización, para alivio del primer ministro británico, Tony Blair. Empiezan a ser ya incontables los informes que, a pesar del cúmulo de elementos que señalan a Irak como el desencadenante de algún problema, se abstienen de señalar la invasión como la causa primaria de ese problema.

Los investigadores británicos concluyen que los atentados fueron un acto individual llevado a cabo con materiales comerciales. Su ejecución acabó costando poco más de 12.800 dólares y su preparación no sólo pasó desapercibida sino que difícilmente podría haber sido detectada por los servicios secretos. El comité parlamentario confirma que dos de los autores, Mohamed Sidique Khan, de 30 años, y Shehzad Tanweer, de 22, entraron en el radar de los servicios antiterroristas por un sospechoso viaje a Pakistán y explica también que los servicios de seguridad tuvieron en su poder el teléfono de un tercer autor de los atentados, Germain Lindsay. Pero Sidique Khan, el cabecilla del grupo, llevaba una doble vida que pone en cuestión que pudiera ser detectado, incluso aunque hubiera sido sometido a la vigilancia de los servicios secretos. Y los diputados llegaron a la conclusión de que, dada la limitación de recursos y la prioridad de actuar sobre amenazas más tangibles en aquellos momentos, no se puede reprochar a los servicios secretos el que no siguieran aquella pista. Según el informe, en aquellos momentos había 800 sospechosos de ser capaces de convertirse en terroristas suicidas, una cifra que hoy se estima que se ha elevado hasta los 1000.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.