La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio un paso más hacia la ratificación del candidato de la derecha, Felipe Calderón, como próximo presidente de México, al resolver ayer los 375 juicios de inconformidad presentados contra la elección presidencial. Sin embargo, los jueces no entraron en el fondo de la queja contra la validez del proceso electoral, la cual fue postergada para el momento en que sea calificado y declarado válido o no.

En su resolución, el Tribunal Electoral confirmó no haber encontrado irregularidades generalizadas durante el conteo parcial que hizo en el 9 por ciento de las mesas impugnadas por la coalición Por el Bien de Todos, aunque sí determinaron la nulidad de la elección presidencial en mesas específicas. Según cifras preliminares del Tribunal, le habrían anulado 80.080 votos al PAN y 76.897 votos a la coalición, es decir, la diferencia entre primer y segundo lugar se habría reducido en sólo 4183 votos. Esto no hace variar los resultados parciales conocidos hasta ahora, y el candidato de la derecha, Felipe Calderón, mantiene su mínima ventaja sobre el candidato de centroizquierda, Andrés Manuel López Obrador.

Al conocer la noticia, por la mañana, López Obrador dijo que la postura de los jueces era algo que “ya me lo esperaba”, y por la noche llamó a desconocer tanto el fallo del Tribunal como a Calderón, si éste asume como presidente de la República, pues los magistrados “tomaron una decisión política y no jurídica”. El líder del PRD insistió en constituir un gobierno “legítimo”, sin el apoyo corporativo ni condicionado de nadie, el cual tomaría posesión el próximo 20 de noviembre, fecha de un aniversario más de la Revolución Mexicana. Los acuerdos a que llegue la Convención Nacional Democrática, a celebrarse el 16 de septiembre, deben asumirse de forma individual y voluntaria, aclaró. Leonel Cota Montaño, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), reconoció que “todo indica que lo van a imponer (a Calderón), todo indica que este tipo de resoluciones están dadas en esos términos: mover lo que sea, menos el resultado final”.

Por su parte, el magistrado presidente del tribunal, Leonel Castillo –en clara alusión a los cuestionamientos de López Obrador y a la demanda generalizada de la izquierda para limpiar la elección–, negó que existan motivos para sospechar que se favoreció a determinado candidato a presidente de la República. Sin variar el criterio legalista con el que desechó la demanda original de la coalición de recontar los más de 42 millones de votos emitidos el 2 de julio, Castillo subrayó que “el juzgador no es un fiscal que deba estar investigando hechos en la calle o con la gente”, sino que “tiene que partir de la base de los hechos que invoca el impugnante”. En este caso, dijo, no basta con denunciar irregularidades en “gran cantidad” de mesas; ésos son calificativos, y “se necesitan hechos sobre los cuales puedan recaer esos calificativos”.

En cualquier caso, todavía falta que el Tribunal Electoral realice el cómputo final de los 300 distritos y, si procede, emita las declaratorias de validez de la elección y de presidente electo, lo cual no ocurrirá sino hasta que resuelva las demandas de la coalición que podrían derivar en una eventual anulación de los comicios, a más tardar el próximo 6 de septiembre.