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› BUSH PROPUSO 10 AÑOS DE CARCEL PARA DEFRAUDADORES
Un sheriff contra Wall Street
George W. Bush trató de levantar la vapuleada confianza en las empresas norteamericanas anunciando una serie de medidas, pero no lo logró. Los empresarios lo aplauden, pero no la oposición.
Por David Teather
Desde Nueva York
El presidente George Bush propuso ayer duplicar la sentencia máxima de prisión para los casos de fraude económico y acusó a la era del puntocom por la ola de escándalos financieros en EE.UU. en los últimos seis meses. En un discurso a líderes empresarios en Wall Street, el presidente de Estados Unidos detalló las medidas para restaurar la tambaleante confianza en el sistema financiero. “Las páginas de negocios de los diarios norteamericanos no deberían leerse como una sábana de escándalos”, dijo.
Accionistas y trabajadores en EE.UU. han quedado azorados por la serie de fraudes, negociados con información privilegiada y codicia empresaria que han derrumbado a algunas de las empresas más grandes del país. El temor a nuevos escándalos hizo que los precios de las acciones de la Bolsa de Valores se depreciaran hasta alcanzar los pisos que tuvieron inmediatamente después del 11 de septiembre. Los escándalos también se han convertido en una desventaja para la administración Bush en la carrera para las elecciones parlamentarias de noviembre.
Bush dijo que el máximo de la sentencia de prisión para los ejecutivos responsables de fraude debía aumentarse de cinco a 10 años y los culpables deberían ser obligados a devolver cualquier ganancia que hubieran logrado con sus delitos. Pidió una nueva era de integridad entre los líderes empresarios: “Hay una diferencia entre la ambición y la codicia destructiva –sostuvo–. Estos escándalos han dañado la reputación de muchas empresas buenas y honestas. Han dañado el mercado de valores y, peor aún, están dañando a millones de personas que dependen de la integridad de la empresa para su vida y su jubilación”.
Bush ordenó la creación de una fuerza de tareas contra el fraude dentro del Departamento de Justicia. Dijo que había que fortalecer las leyes sobre obstrucción de la justicia y la destrucción de documentos, en una clara referencia al escándalo de Enron. El presidente norteamericano prometió un adicional de 100 millones de dólares para el principal ente regulador financiero, la Comisión de Valores (SEC por sus iniciales en inglés), que está en problemas bajo el peso de nuevos casos. La cifra fue menor a la que esperaba la SEC. El mandatario apoyó propuestas de la bolsa de Nueva York para que todos los planes de opción de acciones sean aprobados por los inversores y dijo que los paquetes de compensación deberían explicarse en los informes anuales en “un lenguaje claro”. También instó a las empresas a dejar de dar préstamos a los directores más altos: el ex CEO de WorldCom, Bernie Ebbers, recibió préstamos por 408 millones de dólares de su empresa.
El discurso fue muy criticado por no llegar más lejos. Eliot Spitzer, el nuevo fiscal general de Nueva York, que amenazó con tomar acción legal contra el banco Merrill Lynch de Wall Street sobre un supuesto consejo engañoso, describió las propuestas como “enormemente decepcionantes”. El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Richard Gephardt, dijo: “Hasta ahora el enfoque de la administración ha tenido una estrategia familiar: usar una retórica dura para condenar a los culpables, mientras se demora y se modera cualquier reforma que pueda salir del Congreso”. Las acciones en Wall Street se cotizaban en baja después del discurso. Las semillas de los actuales escándalos en empresas que incluyen Enron, Xerox, WorldCom y Tyco se sembraron durante el “todo vale” del boom de la alta tecnología, dijo Bush.
Muchas de las propuestas de ayer fueron repeticiones de planes hechos por otros políticos y guardianes financieros, incluyendo un intento de remover los conflictos de interés al limitar la cantidad de trabajo de consultoría que puede llevar a cabo una empresa auditora. Este es parte de un proyecto de ley que está siendo debatido en el Congreso, que también contempla la creación de una junta independiente para controlar la profesión.
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