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La última vez que el gobierno paraguayo dictó un estado de excepción fue en mayo del 2000, por treinta días y ante una intentona golpista atribuida a Lino César Oviedo. Ayer, el mismo gobierno de Luis González Macchi dictó la misma medida por una serie de protestas que amenazan con derrumbarlo. En un acto coordinado y sorprendente por su masividad, miles de paraguayos cortaron algunas de las principales rutas del país, así como los puentes internacionales en la Triple Frontera y el de Posadas-Encarnación. El gobierno acusó a Oviedo de complotar con el vicepresidente Julio César Franco, de la oposición, y ordenó el estado de excepción por cinco días. Esto es, sacó los tanques a la calle. La represión dejó por el momento 15 heridos, cinco de ellos graves, y un número grande, aunque indeterminado, de detenidos. Franco apoyó las marchas “contra este gobierno corrupto”.
La sombra de Oviedo no tiene fin para el gobierno de González Macchi; tampoco el parate político, económico y social del país que la alimenta. Según un informe publicado el mes pasado por el Centro de Investigación Económica y Financiera, el 63 por ciento de la población paraguaya estará, para fin de año, debajo de la línea de pobreza. Las protestas de los campesinos, que constituyen un fuerte grupo político en Paraguay, son cada vez más frecuentes y el gobierno quedó muy mal parado desde enero del año pasado, cuando aumentaron las tarifas de gas, electricidad y combustibles, generando marchas importantes durante meses.
Como ocurre en Bolivia y Perú, las protestas sociales se hacen más agudas cuando se trata la cuestión de las privatizaciones. El Partido Colorado en el poder, que está identificado directamente con el mismo Estado después de casi 50 años en el gobierno, no tiene un acuerdo unánime sobre la necesidad de privatizar las empresas públicas pero cada tanto, con la frágil base de sustento que tiene, insiste con algunos proyectos en ese sentido. Y en mayo, nomás, el Congreso Democrático Popular, que reúne a organizaciones campesinas, sindicatos y partidos de izquierda, tomó las calles para exigir que no se privatice la compañía telefónica pública y que se luche contra la corrupción. El Congreso decidió finalmente la suspensión de la privatización de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO).
Las cosas se complicaron aún más para González Macchi cuando Oviedo fue liberado por la Justicia brasileña luego de su huida a Brasil después de la intentona golpista de 1999, que incluyó el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña. Del otro de la frontera, del lado brasileño, Oviedo estaría ya haciendo campaña para regresar, aunque no lo puede hacer porque tiene una condena por aquellos hechos. Pero ya está picando en punta en las encuestas y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), del vicepresidente Yoyito Franco, ya se alió con la oviedista Unión Nacional de Colorados Eticos (UNACE) para que Yoyito fuera electo vicepresidente en agosto del 2000.
El viernes pasado, el comandante de las Fuerzas Militares de Paraguay, general Expedito Garrigoza, advirtió sobre “planes de desestabilización contra el gobierno”. Las movilizaciones de ayer empezaron con un bloqueo en el puente internacional de La Amistad, que une a Paraguay con Brasil en la Triple Frontera, donde hubo ocho heridos, dos de ellos con arma de fuego. Después, en el acceso sur de Asunción, los choques con la policía dejaron un saldo de siete heridos, mientras diez accesos de ruta eran cortados en distintos puntos del país. Unos 4000 manifestantes también cerraron el acceso al puente internacional Encarnación-Posadas. En Asunción, si bien sólo unas 500 personas se congregaron frente al Congreso, era visible la presencia de alrededor de mil agentes de policía custodiando las principales arterias y una protección inusual a la sede parlamentaria.
“Este es un intento más del golpista prófugo para voltear a González Macchi y poner a Yoyito Franco”, acusó ayer el titular del Senado, Juan Carlos Galaverna. El vocero de la Presidencia, Jaime Bestard, repitió las acusaciones de Galaverna. Guillermo Sánchez, apoderado del UNACE, sostuvoque “es la ciudadanía la que se manifiesta contra la corrupción, el robo y el estado de postración económica”. Y el presidente del PLRA, el diputado Oscar Denis, manifestó su apoyo “personal” a la “protesta popular porque nadie en Paraguay puede seguir aguantando a este gobierno corrupto e incompetente”.
Mañana, la suspensión de las garantías constitucionales implicadas en el estado de excepción debe ser ratificada en el Congreso. “Estamos en contra del estado de excepción, los argumentos son demasiados pueriles y no se justifica para nada. Al señor González Macchi le salió la vena de dictador”, dijo el senador del PLRA Juan Carlos Ramírez Montalbetti.