La Corte Suprema brasileña consideró ayer como nulo el reajuste de salarios de diputados y senadores. La medida que generó indignación en la opinión pública brasileña había sido dictada por las mesas directivas del Congreso la semana pasada. La Corte decidió anularla porque consideró que las decisiones sobre aumentos sólo pueden ser adoptadas mediante un decreto legislativo votado por el pleno de la Cámara baja y del Senado. El rechazo a la medida llegó un día después de que el diputado Antonio Carlos Maga-lhaes Neto, del Partido da Frente Liberal, fuera apuñalado por la espalda por una mujer, en protesta por el “salariazo legislativo”.

La decisión de la Corte Suprema atendió a una solicitud del opositor Partido Popular Socialista (PPS), que argumentó que el aumento del 91% sería inconstitucional y elevaría en unos 772 millones de dólares anuales los gastos públicos, ya que se reflejaría en reajustes para los legisladores de estados y municipios brasileños. La Corte rechazó además el argumento de que los aumentos buscan equiparar los ingresos de los diputados y senadores con los de los máximos magistrados del país, pues la equiparación superaría ese techo, a causa de los beneficios suplementarios que tienen los legisladores.

El aumento llevaba el salario de los 513 diputados y los 81 senadores federales de 12.800 a 24.500 reales (unos 11.450 dólares), a los que deben sumarse 50.000 reales para gastos y secretarios, 3000 para vivienda y 4000 para correo y teléfono. Además, reciben cuatro boletos de ida y vuelta a su estado por mes. Tras la decisión de la Corte, si los legisladores quieren un aumento tendrían que elaborar un proyecto y votarlo antes del viernes próximo, cuando termina el actual período legislativo.

Entre los principales defensores del aumento figuran los presidentes de la Cámara, Aldo Rebelo, del Partido Comunista do Brasil, y del Senado, Renán Calheiros, del centrista PMDB, ambos aliados del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El oficialista Partido de los Trabajadores (PT) se pronunció contra la medida, aunque el líder del gobierno en la Cámara de Diputados, Arlindo Chinaglia, la defendió. Chinaglia es el candidato del PT a presidir la Cámara cuando se inicie la próxima legislatura, en febrero de 2007. Por su parte, Lula se abstuvo de pronunciarse. “Si mi contribución de conversar con los presidentes de las Cámaras pudiese ayudar a una solución, ayudaría. Pero respeto la autonomía del Poder Legislativo y del Poder Judicial”, afirmó Lula la semana pasada.

El aumento a los parlamentarios generó una gran indignación en Brasil. Ayer por la mañana, grupos de estudiantes paralizaron el tránsito en la Explanada de los Ministerios de la capital brasileña, y en la zona industrial de San Pablo el sindicato de los metalúrgicos lanzó volantes contra el salariazo. El lunes también se produjeron incidentes. En el hecho más grave, una mujer de 45 años acuchilló en la espalda al diputado derechista Antonio Carlos Magalhaes Neto y justificó su actitud manifestando indignación por el reajuste concedido a los legisladores.

La mujer afirmó que recientemente buscó ayuda de Magalhaes para solucionar un problema laboral. “El diputado no hizo nada para liberar mi dinero, pero apoya el aumento para los legisladores, esa vergüenza en un país de tantas vergüenzas”, dijo Rita de Cassia, quien se encuentra detenida en la ciudad de Salvador de Bahía, acusada de tentativa de homicidio. El diputado herido, quien fue dado de alta ayer, es nieto del senador conservador y caudillo de Bahía Antonio Carlos Magalhaes. “Los locos no saben qué hacen”, afirmó el senador en alusión a la mujer agresora, a quien calificó de “mentalmente desequilibrada”.

También el lunes, el politólogo Willian Carvalho, de 61 años, fue detenido por la policía en Brasilia tras atarse con una cadena a una columna del Congreso en protesta por el reajuste. “Alguien tiene que estar loco, y creo que no soy yo. Tenemos que despertar la conciencia de los señores diputados antes de que prendan fuego al Congreso. Este es el Parlamento más caro del mundo. Ellos se están alejando cada vez más del pueblo”, sostuvo Carvalho, quien es funcionario jubilado del estatal Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea).