“El partido empieza ahora.” Lo dijo Luiz Inácio Lula da Silva en privado, poco antes de anunciar ayer el Programa de Aceleración del Crecimiento económico (PAC), un conjunto de medidas que prevé inversiones públicas, con participación del capital privado, por unos 230 mil millones de dólares entre 2007 y 2010.

De ese modo el presidente brasileño comenzó de hecho su segundo mandato, iniciado el pasado 1º de enero, en el que pretende dar un giro productivista a la política económica ortodoxa aplicada en su primer período de gobierno, signado por el control del gasto público y el combate a la inflación sustentado en una tasa de interés que, pese a las reducciones del año pasado, se mantiene en el 13,25%, una de las mayores del mundo.

Lula instó a “fomentar una cultura productiva”, “romper barreras y superar límites” durante la ceremonia en la que se anunció que el Estado brasileño, especialmente con fondos de Petrobras y otras empresas públicas, aplicará el grueso de los fondos del PAC en obras de infraestructura, energía y desarrollo urbano. “En 2010 no estaré disputando la presidencia, pero quiero entregar al sucesor un país mucho mejor que aquel que recibí”, dijo Lula ayer por la mañana.

Al entrar en materia, la ministra jefa de la Casa Civil, Dilma Rousseff, explicó los alcances del proyecto. Serán construidos o reparados 42.000 kilómetros de carreteras, 2500 km de vías férreas, 20 aeropuertos y 12 puertos. Las inversiones en el sector energía se destinarán al trazado de 4500 km de gasoductos, 13.800 km de líneas de transmisión de electricidad, 46 fábricas de biodiésel y 77 refinerías de caña de azúcar para producir etanol, entre otros proyectos.

Las previsiones oficiales sostienen que con el cambio de época propuesto por el gobierno se alcanzará un crecimiento del 4% del PBI este año y del 5% en 2008. Cifras modestas al cotejarlas con otras economías del Mercosur como Argentina y Venezuela, pero significativas frente al 2,7% de registrado en Brasil en 2006.

A pesar de las presiones, especialmente del lobby financiero, para que los fondos provengan de un recorte de gastos en salud y educación así como de las reformas de los sistemas previsional y laboral, en el Palacio del Planalto juran que eso no ocurrirá. Afirman que, por primera vez desde la llegada de Lula al poder, habrá una reducción de la meta de superávit fiscal que podría caer del actual 4,25% al 3,75%.

“La expansión de la inversión es condición sine qua non para la aceleración del desarrollo sustentable junto con la eliminación de obstáculos para el crecimiento de la economía. Además así es como se estimula el aumento de la productividad y la superación de los desequilibrios regionales y sociales”, sostuvo Rousseff, que antes de ocupar la cartera política fue ministra de Minas y Energías.

Mentora del programa lanzado ayer, la funcionaria emerge como una pieza clave del gobierno. Y aunque Lula todavía no anunció la composición de su futuro gabinete está asegurada la continuidad de Rousseff, quien en sus años mozos militó en la resistencia armada a la dictadura y en 2005 sucedió en su cargo al ex ministro José Dirceu, destronado por los escándalos de corrupción que sacudieron a la administración lulista.

Rousseff nunca ocultó su amistad con Dirceu ni su afiliación al ala “desarrollista” del gabinete, cuyas iniciativas fueron sistemáticamente neutralizadas por el brazo “monetarista” encabezado por el ex ministro de Economía Antonio Palocci, también sepultado por los escándalos, y el presidente del Banco Central, y banquero de profesión, Henrique Meirelles, quien aún sobrevive en su puesto y no disimula su recelo ante los nuevos vientos. A pesar de su tardía afiliación al PT, Rousseff también cuenta con el respaldo mayoritario del partido gobernante.

“La disputa política es envolvente y apasionante, pero no podemos dejar que nuestra energía se disipe y esta oportunidad histórica se pierda. El Programa de Aceleración del Crecimiento será sustentado por una amplia coalición política de fuerzas democráticas que defienden la idea de nación justa e independiente”, afirmó el mandatario, interesado en enfatizar que en este programa están las líneas maestras de los próximos años de la administración.

El paquete fue diseñado durante tres meses, luego de la contundente victoria de Lula en los comicios de octubre pasado, a la que llegó después de prometer dar prioridad al crecimiento y continuar con las políticas sociales.

Las medidas fueron anunciadas en un acto del que tomaron parte la mayoría de los gobernadores, incluidos los opositores José Serra y Aecio Neves, de San Pablo y Minas Gerais, y los principales líderes parlamentarios.

El gobernador Neves, aspirante a la presidencia en 2010, criticó que el gobierno no haya consultado a la oposición antes de lanzar el PAC. En general los gobernadores mostraron sus reservas ante el recorte impositivo, de unos 3000 millones de dólares, que beneficiará a las empresas que acompañen el proyecto, porque parte de esa carga es asignada a las provincias. Otro obstáculo, aún no disipado, está en el Congreso, donde el gobierno apuesta a que su alianza con el poderoso y ecléctico PMDB le dé una base sólida. Los acuerdos con esa agrupación están sujetos al número de ministerios que les sea asignado en el gobierno de coalición prometido por Lula.

El mandatario fue elogiado por el gobernador petista del nordestino estado de Sergipe, región donde el PT obtuvo una robusta votación y en la que se prevé el mayor gasto en obras de saneamiento urbano. “Lula está dando una respuesta al electorado, mostrando desde el arranque que mantiene su compromiso de hacer crecer el país beneficiando a los más pobres”.

Paulo Skaf, presidente de la poderosa Federación de Industriales de San Pablo (Fiesp), celebró que “por fin el gobierno lanzó un programa de crecimiento”. Con todo, el empresario puso reparos en la viabilidad de las propuestas, “las que serán inviables sin la participación del empresariado” y anticipó que la “entidad va a poner en la mira el cronograma de ejecución del programa para evaluar la implantación de las propuestas”.