Desde Medellín

El presidente colombiano Alvaro Uribe autorizó a los paramilitares a hacer política desde la cárcel la semana pasada. “¡Uribe les dice que sí!” Elena no puede con su indignación. Como ella, una vez más, el país está confundido. ¿Quiénes eran los catorce jefes paras y sus guerreros que quieren ser elegidos gobernantes en las zonas donde ganaron respeto con armas, terror y sangre? ¿Qué métodos utilizaron para infiltrar el Estado, el ejército y cada órgano de la vida colombiana? Elena no puede responder esas preguntas, sólo dice que es injusto, muy injusto.

La primera vez que Elena oyó hablar de los paramilitares fue cuando ya se habían llevado a su hermana, su sobrina y su hijo. Recuerda que en un pueblo de Antioquia, cerca de la ciudad de Medellín, ella los veía bañarse sin soltar las armas, pero no sabía quiénes eran. No parecían guerrilleros, pensaba. Además, las botas eran muy finas; no de caucho como las de los guerrilleros, sino de amarrar, y eso a Elena le parecía muy raro, pero no decía nada. Primero desapareció su hermana. A su sobrina la llamaron para darle la razón de la primera desaparecida y tampoco regresó. Meses después lo mismo les ocurrió a su hijo y un amigo. Era tarde para que Elena se enterara de que había unos grupos armados desapareciendo y asesinando gente por Colombia con la consigna de “autodefenderse” de la guerrilla, que se financiaban con el narcotráfico y la extorsión, y que una década después entregarían sus armas y se convertirían en políticos. El primer grupo paramilitar se había formado a finales de los años ’80 y se llamó MAS (Muerte a Secuestradores). En 1983, uno de los años en que los narcotraficantes más dispararon balas y explotaron bombas en Colombia, una señora fue secuestrada por la guerrilla del M-19. Era Marta Nieves Ochoa, de los Ochoa del Cartel de Medellín. Los narcos reaccionaron con la creación del MAS y así, además de sus guerras habituales, empezaron a perseguir secuestradores. Al poco tiempo, con enfilados militares y políticos, promovieron la creación de las autodefensas en el Magdalena Medio de Antioquia. Allá estaban los hermanos Fidel y Carlos Castaño, fundadores del sangriento ejército para, con quienes se unieron fuerzas para comenzar la historia que hoy Elena no conoce del todo, pero repudia.

Otro antecedente de estos ejércitos de ultraderecha es la creación de las Convivir, unas cooperativas de seguridad privadas en las que se agruparon y se armaron hombres para “vigilar y cuidar”. Se trata de una iniciativa del actual presidente Alvaro Uribe, de cuando fue gobernador de Antioquia, de 1995 a 1997.

Al principio las autodefensas tenían unos 650 hombres. Para 1990 ya eran 1800; en 1995, 2200; y estaban regados por Antioquia, Urabá, Cauca, Meta, Casanare, Córdoba, Valle del Cauca y Putumayo. Las filas de ese ejército macabro se engordaron tanto que, en abril de 2006, cuando terminó el proceso de desmovilización, fueron 31 mil los paramilitares que entregaron las armas. ¿Y el poder? No se sabe. En los últimos meses, congresistas, alcaldes, gobernadores, jefes del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) fueron detenidos por apoyar y hacer pactos con los paras para mantenerse en el poder. Altos mandos militares, como el general Mario Montoya, son señalados por sus vínculos con los grupos de autodefensas.

En la época en que los paramilitares se llevaron a la hermana, la sobrina y el hijo de Elena, las autodefensas estaban agrupadas en las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Esas siglas llegarían a pintarse en casi todos los rincones del país y, en ocasiones, extrañamente, junto a los nombres de los jefes paras en señal de agradecimiento. En Medellín, una de las ciudades que penetraron en esa época junto a Bucaramanga, Barrancabermeja y Cúcuta, hay una pintada que dice: “Gracias Don Berna por darnos la paz”. Esa está en un muro de un barrio marginal del oriente de Medellín, donde hicieron presencia y estragos los Bloques Metro y Cacique Nutibara que, además de intentar sacar a los milicianos guerrilleros de los barrios, controlaban la vida de los ciudadanos. Después del 2000, con planfletos y personalmente, los paras solían anunciar prohibiciones como usar faldas cortas y remeras con mensajes subversivos, o protagonizar escándalos públicos a causa de embriaguez o líos pasionales. Quienes no cumplían sus órdenes eran torturados y asesinados, como lo denuncia la Unidad de Derechos Humanos de la Personería de Medellín en informes de 2006 y 2007, aun después de la desmovilización. Hoy, muchas de estas mecánicas de control siguen en los barrios. Por eso a Elena se le aguan los ojos de rabia y dolor. Es injusto, muy injusto, dice.