El presidente de Ecuador, Rafael Correa, se enfrenta hoy al primer examen de su gobierno, cuya principal bandera de campaña ha sido la convocatoria a una Asamblea Constituyente que motorice los cambios del socialismo del siglo XXI que propugna. Los ecuatorianos deberán decidir en las urnas si aceptan o no la instalación de una Constituyente de plenos poderes que apruebe una nueva Constitución.

A tres meses de iniciado un mandato que tiene como constante la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo –el pasado 7 de marzo el Tribunal Supremo Electoral destituyó a 57 de los 100 diputados acusándolos de entorpecer el plan constituyente–, Correa en persona se ocupó de la campaña por el Sí. Consciente de que su mejor capital es su alta popularidad (70 por ciento), el mandatario intensificó en los últimos días su propaganda de la Constituyente en las calles y a través de los medios. A tal punto vinculó su imagen con la convocatoria que esta semana dijo que si no gana, podría renunciar.

La oposición no escatimó ataques con una campaña de pánico. “Correa va a acabar con la dolarización; Correa va a concentrar todo el poder”, dijeron los del No, que conforman los partidos Prian, del magnate del banano Alvaro Noboa; Sociedad Patriótica, del ex presidente Lucio Gutiérrez junto con los partidos Social Cristiano y Unión Demócrata Cristiana. El presidente socialista, del movimiento Alianza País, contestó que no pondrá fin a la dolarización y buscó diferenciarse de su aliado Hugo Chávez. “Aquí seguimos la línea ecuatoriana, la humanista, que quiere un cambio radical.”

El oficialismo no ha presentado aún un plan económico. Sin embargo, propone despolitizar los organismos públicos –cambiando la conformación del Congreso, la Corte Suprema, etc.– y modificar los criterios de manejo de recursos naturales y del Estado. Por ejemplo, que los vocales en los tribunales dejen de ser representantes de los partidos políticos. A través de la Constituyente busca cambiar la Constitución de 1991 para que deje de darle prioridad a un sistema económico neoliberal y que ciertas entidades, como el Banco Central, empiecen a rendirle cuentas al Estado. La Asamblea tiene la facultad de disolver el Congreso, cuenta con el apoyo del poderoso movimiento indigenista y de los partidos minoritarios de izquierda.

Para el constitucionalista Ernesto López, ex presidente del Tribunal Constitucional, existe una contradicción entre estos “plenos poderes” y que la nueva Carta Magna tenga que ser aprobada a través de un referéndum ciudadano. “La Asamblea, según el artículo dos del estatuto, puede transformar el marco institucional del Estado sin la necesidad de una Constitución. Es decir, puede disolver el Congreso o el Tribunal Electoral de aquí a un año y, sin embargo, la Constitución tiene que ser aprobada en una consulta popular”, explicó a Página/12.

La falta de claridad sobre algunos temas ha mermado el interés de los votantes. “Creo que la campaña ha sido muy pobre para ambas partes, el gobierno y la oposición, en comparación con las anteriores: han gastado poco y se percibe un bajo entusiasmo”, dijo el analista Adrián Bonilla. El experto de Flacso-Ecuador no duda de que el oficialismo resultará vencedor de los comicios. Pero señala a este diario que lo complejo será la agenda que tendrá la Asamblea, “poner en práctica el estatuto, que tiene artículos confusos, en mi opinión, necesita de una reglamentación posterior”.

Cuando entren al cuarto oscuro los ecuatorianos tendrán que decidir por el Sí o el No. Si eligen la primera opción, además aprueban el estatuto o reglamento de la Asamblea. Un estatuto que recién esta semana se dio a conocer con más detalle y que establece que la Asamblea tendrá 180 días (seis meses) para aprobar una nueva Constitución, plazo que podría extenderse por 60 días, al cabo de los cuales la Asamblea deberá disolverse. La votación necesaria para que la Asamblea apruebe una reforma es de mayoría absoluta, es decir, 66 votos sobre 100. Asimismo, la nueva Carta Magna deberá ser sometida a referéndum popular por la mitad más uno de los sufragios. El texto determina que la adjudicación de los escaños se hará utilizando el método proporcional, esto es, proporcional a los votos que obtenga cada lista. Bonilla critica este punto. “No es claro cómo deben asignarse los escaños. Va a requerir un debate político”, señaló.

López también cuestiona el reglamento de la constituyentes. “La fórmula que se utiliza es demasiado genérica: ‘Se votará por personas y por listas; se hará distribución proporcional de escaños’. ¿Qué es esto? No sabemos. El Tribunal Supremo Electoral será el que decida al final.”

Cerca de 9,2 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas y Correa necesita de unos tres millones de votos para aprobar la Constituyente, considerando un 30 por ciento de ausentismo y tomando en cuenta los votos blancos y nulos. El triunfo se obtiene con la mitad más uno de los votos. El mandatario se mostró convencido del triunfo, aunque no dejó de advertir sobre un posible fraude. Asimismo, la misión electoral de la OEA aseguró que “no existen indicios” sobre irregularidades, aunque subrayó que hay un “ambiente de confrontación y desasosiego”. “En la coyuntura en que se desarrolla la consulta tiene relevancia el ambiente contencioso que vive el país como consecuencia de la destitución de 57 diputados”, dijo la delegación.

El último sondeo de Cedatos le asignó 63 por ciento de aprobación a la Constituyente. Pero será clave el margen que logre Correa: un triunfo claro sería una ventaja de 15 puntos sobre el No. Bonilla ya hace pronósticos para la próxima elección, en 150 días, la de asambleístas. El analista vaticina que la consulta arrojará “una asamblea fragmentada”, donde el partido oficial necesitará hacer alianzas con otros partidos. Pero en política nunca conviene adelantarse.