El gobierno de Irak está aumentando el uso de la pena de muerte. Desde que fue reinstaurada en el país en agosto de 2004 han sido condenadas a muerte más de 270 personas y en ocasiones la pena fue impuesta tras “confesiones” televisadas, denuncias no investigadas de torturas y juicios injustos, asegura un nuevo informe de la organización pro derechos humanos Amnistía Internacional (AI).

El informe indica que con la ejecución de al menos 65 personas el año pasado, Irak se ha convertido en el cuarto país en el mundo con el número más alto de ejecuciones, por detrás de China, Irán y Pakistán. El informe, titulado “La aplicación de la pena de muerte en Irak: injusta y sin las debidas garantías procesales”, se basa en el examen realizado por Amnistía Internacional sobre centenares de resoluciones dictadas por el Tribunal Penal Central iraquí, así como en los testimonios de las familias de las personas condenadas y de sus abogados. También incluye un detallado análisis de las leyes iraquíes que socavan el derecho a un juicio justo.

Según Malcolm Smart, director del Programa de AI para Medio Oriente y el Norte de Africa, “las atroces escenas de la ejecución de Saddam Hussein pusieron de manifiesto la brutal crueldad de la pena de muerte en Irak, pero aquella fue sólo una de las al menos 65 ejecuciones llevadas a cabo el año pasado, y la cifra sigue aumentando”. Una de las principales conclusiones del informe es que no se realizan investigaciones, o las que se hacen son insuficientes, sobre las denuncias de tortura, pese a que en muchos casos la declaración de culpabilidad en casos de delitos punibles con la muerte se basa en “confesiones” realizadas durante la detención. Otra de las conclusiones es que hay confesiones televisadas previas al juicio, y en los tribunales se presentan testimonios de personas que identifican al acusado tras haber visto la “confesión”; el acceso a los abogados defensores es inadecuado, y los abogados sufren intimidaciones tales como amenazas de muerte y agresiones; los delitos punibles con la pena capital están definidos de una manera vaga y excesivamente amplia en la legislación iraquí, e incluyen secuestros sin consecuencia de muerte y daños a bienes públicos con el fin de minar la seguridad o la estabilidad, manifestó Smart.

De El País de Madrid.