El presidente colombiano, Alvaro Uribe, se encontró ayer con un ambiente hostil durante el primer día de su visita a Estados Unidos, donde afrontó críticas por la situación de los derechos humanos en su país. Varios congresistas demócratas exigieron, en ese sentido, que se aplace la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia hasta que Uribe demuestre su intención de reducir el encarcelamiento y la violencia contra activistas sindicales. Hasta ahora no se estableció una fecha para que el Congreso ratifique el polémico TLC.

“Uribe ha regresado a Washington demasiado rápido. Vuelva dentro de un año y veremos qué es lo que realmente ha conseguido”, dijo la legisladora demócrata por Illinois Jan Schakowsky durante una rueda de prensa, en la que distintos congresistas y grupos de defensa de los derechos humanos expresaron su oposición al pacto comercial. La legisladora demócrata por California Linda Sánchez dijo que se debería exigir que Colombia demuestre avances en la reducción de la violencia y el procesamiento de los criminales “durante un período de al menos dos años” antes de que el Congreso ratifique el acuerdo comercial.

Desde su elección en el 2002, Uribe ha duplicado el tamaño del ejército y ampliado el control del gobierno a regiones que durante décadas estuvieron gobernadas por guerrillas y narcotraficantes. Las medidas se tradujeron en una significativa reducción de los asesinatos y los secuestros, pero una serie de escándalos recientes han puesto en entredicho las políticas del Ejecutivo colombiano, al revelar estrechos vínculos entre los grupos paramilitares y las más altas esferas del poder. Uribe sostiene que las investigaciones en marcha demuestran que el sistema judicial funciona, pero algunos legisladores creen que el gobierno colombiano no hace lo suficiente. Actualmente, el gobierno colombiano está llevando adelante un plan unilateral de excarcelación de rebeldes de las FARC, a fin de lograr una respuesta positiva de la mayor guerrilla del país para que acepte un canje humanitario de rehenes. Las FARC, en principio, lo han rechazado.

A su llegada a Washington, Uribe se encontró con otra noticia que podría afectar su campaña por el TLC: los abogados de las familias de 173 personas asesinadas en las regiones bananeras de Colombia presentaron una demanda multimillonaria en un tribunal federal de la capital contra la firma estadounidense Chiquita Brands International por financiar a los paramilitares. Los abogados recordaron que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) figuran en la lista de organizaciones terroristas del gobierno estadounidense y aseguraron que “en los últimos diez años, más de 10.000 personas han sido asesinadas por las AUC, muchas de ellas en las zonas bananeras donde Chiquita financió las operaciones de las AUC”.

El senador demócrata Phil Hare señaló ayer que desde 1991 han sido asesinados en Colombia 2100 líderes sindicales y que sólo ha habido 37 condenas. “Ahora el presidente Uribe, el presidente George W. Bush y algunos miembros del Congreso quieren recompensar a Colombia con un tratado de libre comercio”, indicó Hare en un comunicado. “Soy un sindicalista”, añadió Phil Hare. “De haber nacido en Colombia, habría una fuerte posibilidad de que no estuviera hoy día con ustedes. Podría estar muerto”, subrayó, antes de lanzar con ironía que para aprobar el TLC “habrá que pasar por encima de mi cadáver”.

En una prueba de los tiempos menos amistosos que corren en las relaciones entre Bogotá y Washington desde que los demócratas controlan el Congreso, el subcomité de la Cámara de Representantes que supervisa la ayuda extranjera propuso el martes recortar la ayuda militar a Colombia en 150 millones de dólares, gran parte de los cuales se usan para erradicar cultivos de coca. Colombia es el mayor receptor de ayuda estadounidense después de Medio Oriente y Afganistán.

Tal cual se había anticipado en Washington, el Partido Demócrata le dio un vuelco de ciento ochenta grados al Plan Colombia. Fue el miércoles, un día antes de la segunda visita que el presidente Alvaro Uribe realiza a Washington en menos de 45 días. En el nuevo presupuesto para Colombia, la partida bajaría a unos 527 millones de dólares, 10 por ciento menos de los fondos que había solicitado la administración Bush para Colombia y que alcanzaban los 586 millones de dólares. Pero el cambio más radical se reflejó en el énfasis de la ayuda. El nuevo paquete de asistencia aprobado dedicará un 55 por ciento de los fondos al gasto militar y un 45 por ciento a programas de desarrollo social y fortalecimiento de la Justicia. De este modo, el componente “duro” del plan recibiría unos 290 millones de dólares de los 446 millones previstos por George W. Bush. Paralelamente, el componente “social” del Plan Colombia subiría a unos 237 millones de 139 millones presupuestados.

El mandatario colombiano trató de restar importancia a los cambios que estudian los demócratas, al señalar ayer en declaraciones a la prensa que “como se decía en un pueblo de Antioquia donde yo estuve mucho en la juventud, a caballo regalado no le miran los dientes”.