Con el emblemático mayor Rodríguez cayeron oficiales y suboficiales que estaban involucrados en el crimen organizado.
› Por Pilar Lozano *
desde Bogotá
El 6 de octubre de 2005, una llamada alertó a las autoridades; se iba a realizar la transacción de un cargamento de droga al norte de Bogotá. La sorpresa no sólo fue por los 200 kilos de cocaína, el sofisticado cargamento de armas con mira láser y los 11.500 euros en efectivo; en la camioneta donde iba la “mercancía” viajaba Juan Carlos Rodríguez, un mayor del ejército colombiano que apenas unos días antes había pasado a retiro.
Hoy Rodríguez está de nuevo en el ojo del huracán: es el hombre que ejemplifica mejor que nadie hasta dónde ha llegado a infiltrarse el narcotráfico en las Fuerzas Armadas y en el Ministerio de Defensa. Rodríguez no sólo trabajaba para los narcos, sino que reclutó otros oficiales y suboficiales para las filas del crimen organizado. El militar acabó siendo el jefe de seguridad de Diego Montoya, alias Don Diego, el jefe del cartel de Cali y uno de los narcotraficantes más poderosos de Colombia. El escándalo es de tal magnitud que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, tuvo que aceptar públicamente que “la infiltración llegó a los máximos niveles y hay un grupo de sospechosos bajo investigación”. Reconoció, además, “grandes fallas en el funcionamiento de los servicios secretos”. El caso del mayor retirado está plagado de irregularidades. Una vez arrestado y procesado, a Rodríguez se lo condena a 12 años de prisión. No obstante, un juez decide que, en vez de pasarlos en la prisión, el condenado cumpla arresto domiciliario en casa de su madre. El magistrado arguyó que el oficial retirado era cabeza de familia y le otorgó un permiso para salir a trabajar a diario. Mientras las autoridades penitenciarias daban por hecho que el militar cumplía su condena sin meterse en problemas, la Fiscalía ya tenía pruebas de que el “trabajo” de Rodríguez era el de velar por la seguridad de Don Diego.
La cadena de irregularidades de la detención de Rodríguez es aun más larga. El diario El Tiempo las reveló ayer: dos meses después de la detención domiciliaria otro juzgado ordenó nuevamente su captura y ésta no se llevó a cabo. Además, las visitas de control a la casa de la madre se reportaban sin novedad, mientras que hoy se sabe que Rodríguez lleva mucho tiempo sin ver a su progenitora. Hay contundentes testimonios contra este mayor retirado, hijo del coronel Homero Rodríguez, que fuera director de la cárcel de La Catedral en los tiempos en los que se fugó de allí el jefe de los carteles de la droga más famoso de Colombia: Pablo Escobar. Uno de esos testimonios –publicado en la revista Semana– es de un capitán retirado del ejército. Confiesa que “pagó mucho dinero” a civiles y militares en activo y retirados, con dinero de su “patrón”, Juan Carlos Rodríguez, que trabaja para Don Diego. Otro coronel retirado, Javier Escobar, detenido en medio de este escándalo, cayó cuando le “pincharon” el móvil a Rodríguez. En una de las llamadas, el mayor lo insta a enviar hombres a Cali “qué ha pasado hermano... estamos pendientes del envío ... acá todo listo.....”. La red de reclutamiento encabezada por Rodríguez funcionaba desde el mismo mando central del ejército. La secretaria de la oficina de recursos humanos tenía como misión sustraer los expedientes de militares retirado o activos que por su capacidad y entrenamiento podrían servir a Don Diego. Ella es una de las siete personas detenidas hasta el momento. Una de las misiones que el grupo de militares al servicio del narcotráfico tenía planeadas era, según las primeras investigaciones, un operativo cinematográfico para rescatar al hermano del jefe de los narcos, detenido en una cárcel de máxima seguridad La operación requería una inversión de casi ocho millones de euros. La Fiscalía colombiana, apoyada por los servicios secretos y las agencias antidroga extranjeros, destapó el escándalo. Desde un comienzo, han contado con el apoyo de los pocos en el gobierno que sabían de la grave infiltración de los narcos en el ejército. Todo empezó luego de la masacre de Jamundí –población cercana a Cali, la capital de la provincia del Valle del Cauca– en mayo del 2006, cuando un pelotón del ejército mató a disparos al escuadrón más reconocido de la policía antinarcóticos. Desde allí se empezó a investigar hasta qué punto podía el ejército estar colaborando con los narcos. Los investigadores dicen que el caso de Rodríguez es parte de un escándalo mucho mayor, y que de momento sólo han visto la punta del iceberg.
* De El País de Madrid. Especial para Página/12.
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