La memoria llegará a las escuelas uruguayas. El Ministerio de Cultura de ese país colocará placas recordatorias en todos los colegios en los que asistieron estudiantes o docentes que hayan muerto o hayan desaparecido durante la última dictadura. La iniciativa es parte de la política de derechos humanos y de construcción de una memoria colectiva que lleva adelante del gobierno de Tabaré Vázquez. El ministerio ya tiene un primer listado de más de 40 nombres de detenidos-desaparecidos. Durante el anuncio, las autoridades uruguayas destacaron que se podrán agregar otros casos a medida que avance la propuesta.

Entre los desaparecidos que serán homenajeados figuran los estudiantes Cecilia Trías, Jorge Zaffaroni, María Emilia Islas, Washington Barrios, Nebio Melo y Juan Pablo Recagno, secuestrados en Argentina, donde estaban refugiados, y al parecer trasladados ilegalmente a Uruguay para ser ejecutados. Varios tribunales uruguayos investigan actualmente sus muertes, gracias al impulso dado por el actual gobierno.

Alrededor de unos 200 uruguayos desaparecieron, muchos de ellos mientras estaban en sus exilios en Argentina, Chile, Paraguay o Brasil, un número impreciso de opositores murió en enfrentamientos callejeros y más de 300 mil personas debieron emigrar. Varios tribunales investigan actualmente las muertes de estos estudiantes y otros crímenes, como parte de una política revisionista de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura abierta por el actual gobierno desde 2005.

Después del golpe de Estado del 27 de junio de 1973, además de disolver el Parlamento, los militares prohibieron la actividad de los partidos políticos, intervinieron la Universidad estatal, cerraron los sindicatos, censuraron la prensa y encarcelaron a millares de personas, sometidas a torturas en su totalidad. El gobierno de Vázquez es el primero que se ha puesto como prioridad no sólo descubrir la verdad sobre los crímenes de aquellos años, sino también crear una conciencia social para evitar que vuelva a suceder. Las organizaciones de derechos humanos uruguayas, sin embargo, le cuestionan que no haya anulado la Ley de Caducidad, la amnistía que protege a los policías y a los militares que secuestraron, torturaron y asesinaron durante la dictadura.