Desde Sucre

Después de 20 años de recesión, la minería vuelve a ser uno de los motores de la economía boliviana. La subida de los precios internacionales y la amplia demanda por el zinc y el estaño han hecho que el poderío económico y político de los mineros vuelva a ser un factor importante en la vida interna de Bolivia. Nuevos ricos y trabajadores cooperativistas se conjugan para preservar sus intereses y poner en jaque al gobierno de Evo Morales.

Hace unos meses, el vicepresidente de la República, Alvaro García Linera, anunciaba el regreso de la minería como factor de desarrollo. “Ha sobrepasado a la agroindustria cruceña y ahora es el segundo rubro en las exportaciones”, dijo. Se refería a los datos de 2006, en los que los negocios mineros alcanzaron a más de mil millones de dólares, ubicándose por detrás de las exportaciones de gas, que doblaron dicha cantidad. Los datos del primer semestre de 2007 confirman la suba. Hasta el 30 de julio se había exportado 440 millones de dólares, 84 millones más que en el mismo período anterior. El 70 por ciento de ese monto sale de las minas de Potosí, que vendió 292 millones de dólares de zinc, 62 millones de plata fina y 11 millones de estaño. Luego se ubica Oruro, con una exportación de 79 millones de zinc y oro. Incluso en Santa Cruz, una provincia tradicionalmente agrícola, la minería ha cobrado importancia, gracias a los 31 millones de dólares en oro proveniente, principalmente, de la mina Don Mario, que sacó del país esa suma en los primeros seis meses.

El auge minero ya se nota en las calles, principalmente en la ciudad de Potosí. Más allá de la leyenda que habla de que se podría hacer un puente entre Potosí y Madrid con toda la plata que se explotó durante la colonia, el nuevo boom ha dejado sin obreros a toda la ciudad. La minería paga jornales de 25 dólares por día, triplicando lo que se ofrece en el rubro de la construcción. Esto ha provocado que muchos potosinos que habían migrado a Santa Cruz, Tarija e incluso a Buenos Aires hayan vuelto a su ciudad. También ha repercutido en la industria hotelera. Hay dos nuevos complejos con inversiones cercanas a los cinco millones de dólares y en las angostas calles coloniales se ven vehículos de lujo e incluso algunos Hummer que se las ingenian para no quedar atrapados en los callejones ancestrales.

Pero también hay temor en los ciudadanos potosinos. Saben que el auge dura poco y no ven que las ganancias se reinviertan en su región, creando empleos permanentes que no estén ligados a la minería. Así lo explicó el alcalde potosino, René Joaquino. Otro político, el empresario cementero Samuel Doria Medina, asegura que el boom no será tan pasajero. Calcula que el cerro rico de Potosí aún conserva un tercio de sus riquezas en plata y que el proyecto de San Bartolomé dejará muchas regalías a la provincia.

El Estado boliviano se niega a mirar desde el palco el auge y quedarse con las manos vacías. El 1º de agosto, la Cámara de Diputados aprobó un nuevo ajuste al Impuesto Complementario Minero (IMC) y al Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE). Entre ambos, los impuestos a la minería alcanzarán al 50 por ciento, multiplicando veinte veces los ingresos del gobierno, que alcanzaban al 3 por ciento hasta el 2005.

Para asegurarse de que estos recursos lleguen a todos, el 80 por ciento de lo recaudado se quedará en la provincia productora y se repartirá entre los gobiernos provinciales y municipales. El 20 por ciento restante irá al Ministerio de Minería y Metalurgia para la ejecución de actividades, exploración, prospección, reactivación minera y remediación ambiental.

Y es que el gobierno de Evo Morales quiere reactivar la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), que daba empleo a más 200.000 mineros hasta 1985. Cuando el entonces presidente de Bolivia, Víctor Paz Estenssoro, dio un mensaje a la nación para anunciar “el país se nos muere”, lo único que se murió fue el poder minero. Los trabajadores del socavón fueron despedidos y obligados a migrar hacia el resto del país. La mayoría llegó hasta Chapare y a El Alto y difundieron la doctrina sindical y de lucha que luego gestaría el Movimiento Al Socialismo, partido de Evo Morales que basó sus tácticas rumbo al poder en la doctrina minera.

Los que se quedaron en las zonas de Potosí, Oruro y La Paz se organizaron en minerías de subsistencia, que mantuvieron abiertos los yacimientos de estaño, plata y zinc durante el derrumbe de precios. La única minería a gran escala que aún funcionaba en Bolivia era la transnacional y la principal empresa era la Inti Raymi, propiedad del ex presidente boliviano y prófugo de la justicia, Gonzalo Sánchez de Lozada. Durante sus gobiernos, los impuestos a la minería se desplomaron, provocando que el país se quedara con sólo 3 de cada 100 dólares que producían los socavones.