Los tiempos se aceleran y Estados Unidos necesita irse de Irak con algo más seguro bajo el brazo. Es por eso que busca a toda costa implementar la ley de hidrocarburos, discutida a puertas cerradas durante casi un año y aprobada por el gabinete iraquí en febrero. La idea es que los grandes pulpos petroleros de Occidente puedan tener una cuota garantizada de dividendos a largo plazo, luego de la inversión militar y económica que han hecho los países que integran la ONU para mantener una invasión cada vez más cuestionada. Pero la sanción final de la medida no es fácil. Tras varias manifestaciones, los sindicatos iraquíes no están dispuestos a la “privatización” de la industria petrolera, así como expertos y legisladores se oponen a la propuesta oficial, de la que se enteraron en el momento de su aprobación parcial. En tanto, Bush necesita que el Parlamento de Irak la apruebe antes de septiembre, fecha en que el ejército estadounidense debe presentar un nuevo informe de situación a la Casa Blanca.

La ley petrolera no surgió de un repollo, aunque así haya aparecido para sus opositores desde que la propuesta oficial se hiciera pública en febrero de este año. Antes de la guerra en Irak, el grupo Política para el Desarrollo de Energía Nacional, conocido como Energy Task Force, reunió en 2001 al vicepresidente Dick Cheney y ejecutivos petroleros para discutir el control de los campos petroleros de Irak, informó el diario The New York Times. Un año después, por la presión de un tribunal estadounidense, los participantes de esa comisión tuvieron que hacer público que más de 60 firmas de 30 países estarían involucradas en proyectos con Bagdad, como la empresa francesa Total Elf y la rusa Luckoil. El organismo recomendaba a los países de Medio Oriente “la apertura de sus sectores energéticos a la inversión exterior”, informó el medio norteamericano. Un consejo que se haría realidad.

En enero de 2007, el diario británico The Independent reveló que un empleado de Bearing-Point, una compañía norteamericana encargada de asesorar al gobierno de ese país en la reconstrucción de Irak, fue responsable de asesorar al Ministerio de Petróleo iraquí en la confección de la ley de hidrocarburos. La empresa de Estados Unidos es conocida por financiar las campañas de 2000 y 2004 del Partido Republicano de Bush, según la denuncia del Center for Responsive Politics, un grupo de control ciudadano.

Fuertemente presionado por los gobiernos estadounidense y británico, el gobierno de Irak ahora espera que el Parlamento apruebe cuanto antes la controvertida ley que redibujaría radicalmente la industria petrolera iraquí y abriría las puertas de la segunda mayor reserva de petróleo en el mundo, después de Arabia Saudita.

Con el apoyo del Banco Mundial, el FMI y la ONU, la ley “escrita en Estados Unidos”, como la llaman los sindicatos iraquíes, permitiría la primera operación a gran escala de compañías de petróleo extranjeras en Irak, informó el citado medio británico. Mediante acuerdos de producción compartidos (PSA), las firmas obtendrían un 12,5 por ciento de las ganancias, mientras que los ingresos sobrantes serían distribuidos por el gobierno iraquí y las provincias tendrían libertad para autorizar contratos de exploración y producción, según la cadena de noticias árabe Al Jazeera. La Constitución de Irak permite a los gobernadores formar regiones semiindependientes, con un control total de sus recursos naturales. En su defensa, el gobierno advierte que no habrá privatización. “Bajo ninguna circunstancia Irak renunciaría a su autoridad, su responsabilidad es tener el control de los recursos naturales del país”, dijo en mayo el ministro del Petróleo, Hussein Shahristani, a la prensa. Sin embargo, la Empresa Nacional de Petróleo de Irak pasaría a controlar sólo 17 de los 80 pozos descubiertos, dejando más de dos tercios de los mismos y de las reservas por descubrir bajo potencial control extranjero durante un período de entre 20 y 35 años, informó el Times.

La nueva legislación sería una desviación radical de las leyes de los países en vías de desarrollo, ya que naciones productoras de Medio Oriente como Arabia Saudita e Irán tienen un estricto control sobre sus industrias a través de compañías estatales sin ninguna colaboración exterior de importancia, señaló The Independent. En 1961, Irak expropió las concesiones de las transnacionales que en ese entonces abarcaban un 95,5 por ciento del territorio iraquí, según la Federación General de Trabajadores de Irak. Y en 1972, Exxon, Bp, Shell y Chevron perdieron el control del recurso al nacionalizarse la industria en su totalidad. Recién en 1990, las compañías extranjeras recuperaron terreno gracias al gobierno de Saddam Hussein que otorgó PSA con ganancias del 10 por ciento a firmas de China y Rusia, informó Al Jazeera. “Ese año, Estados Unidos y sus aliados hicieron lobby para profundizar las sanciones de la ONU en contra de Irak, mientras ese país se apoyaba en Rusia y China para remover o al menos suavizar el escarmiento”, señaló al medio árabe el ex ministro de Petróleo de Irak, Issam al Chalabi, un crítico de los PSA.

Frente a un gobierno favorable a la ocupación y acusado de corrupción, la oposición al proyecto oficial es amplia. La semana pasada, cientos de obreros volvieron a movilizarse en Basora, al sur de Irak, luego de una importante huelga en junio en la que cortaron la producción y exportación de combustible en el sur del país, mientras tropas militares rodeaban la manifestación bajo el vuelo amenazante de aviones de guerra. “La protesta expresa la unidad de los sindicatos del puerto, electricidad, servicios, mecánicos, municipales en solidaridad con los trabajadores del sector petrolero que piden discutir la ley de hidrocarburos, los precios del combustible, y para plantear nuestros reclamos”, dijo Hussein Fadil, el dirigente de la federación de trabajadores. En los días previos a la marcha, la central sindical, que tiene su mayor peso en Basora, había exigido la renuncia del ministro de Petróleo, la libertad de organización gremial ante los intentos de arresto del gobierno, el rechazo de los dictados del FMI y la aceleración de la construcción de refinerías de petróleo para no depender de los derivados importados.

Por su parte, Hassan Jumaa Awad al Assadi, líder del sindicato de petróleo que representa cerca de 26 mil trabajadores, viaja a mediados de julio a Inglaterra y Estados Unidos para hacer campaña contra la ley. “No es lógico que Estados Unidos venga con las manos vacías y quiera llenárselas con petróleo iraquí, que representa entre el 85 y 90 por ciento de los ingresos de nuestro país. Criticamos que la ley se haya elaborado en forma secreta, por eso va a tener que aprobarse cuando tengamos plena soberanía y podamos manifestarnos”, advirtió en Londres, según el diario británico The Guardian.

Mientras tanto, un grupo de expertos también critica el proyecto oficial. Tras realizar un simposio en febrero junto a los sindicatos petroleros, partidos políticos opositores y ONG, los estudiosos presentaron una carta al presidente y a los miembros del Parlamento donde sugerían “no apurar” la ley y pedían un mayor control estatal. “Lamentamos que la autoridad del consejo de representantes (Parlamento) esté restringida sólo a la aprobación de la ley”, señalaron. “Además enfatizamos la necesidad de que la compañía estatal de petróleo tome la responsabilidad de manejar toda la producción y los pozos descubiertos para resguardar los derechos del pueblo de Irak y no dejarlos en entidades extranjeras”, dijeron los expertos.

Si bien la ley podría ser aprobada antes del informe que espera el Congreso de Estados Unidos en septiembre, los legisladores –chiítas, sunnitas y kurdos– tienen diferencias entre sí. “El hecho es que los bloques políticos no llegaron a un acuerdo”, dijo al diario estadounidense Chicago Tribune Ayad al Samarrai, uno de los líderes de Tawafiq, el bloque sunnita con mayor representación en el Parlamento, que dispone de 275 asientos. Para peor, la coalición sunnita Frente del Consenso Iraquí (FCI), aliado esencial del gobierno de mayoría chiíta del primer ministro, Nuri al Maliki, abandonó el Ejecutivo a fines de julio. El alejamiento de este sector político y la postura de una facción dura de los chiítas, aliada al clérigo antiestadounidense Moqtada al Sadr, dificultarían muchas de las leyes a aprobarse, entre ellas la de hidrocarburos.

Por otra parte, el gobierno autonómico kurdo pone barreras a la legislación petrolera, ya que vería infringido su derecho constitucional a disponer un mayor control de las reservas y los ingresos de su región, donde se concentra una cantidad importante de los pozos, al norte del país. Sin embargo, el 5 de agosto, como codazo a sus contrapartes en Bagdad, que se tomaron un descanso de verano, “el Parlamento kurdo en Irbil aprobó su propia ley de petróleo y también presentó una lista de 40 pozos de exploración en la región kurda que presentará a la oferta”, dijo el diario mexicano Milenio. “No queremos ser afectados por la parálisis política en Bagdad”, advirtió Ashti Hawrami, ministro de Recursos Naturales del gobierno regional de Kurdistán. “Pensamos que los acuerdos de producción compartida son la mejor manera de avanzar y ayudar no sólo a los kurdos sino a todos los iraquíes”, añadió. Luego de que los kurdos abrieron las puertas a los inversionistas extranjeros, Bagdad intenta reafirmar el control central de las reservas manejadas por las autoridades de Kurdistán. Según el periódico mexicano, en esa región ya está operando TTopco, una empresa conjunta entre Genel Energie, una compañía turca, y Addax Petroleum, una firma independiente de exploración y desarrollo que cotiza en las Bolsas de valores de Londres y Toronto.

En las últimas semanas, el embajador de Estados Unidos, Ryan C. Crooker, trató de mostrar calma frente al desafío de lograr que la legislación iraquí sea aprobada antes de septiembre, una meta imprescindible para el gobierno de Bush que cuenta con más 150 mil militares en el país invadido. “Como yo lo veo, las metas legislativas, los hidrocarburos y la reconciliación son importantes, pero por Dios que son puntos muy complicados”, dijo en una entrevista. “Y francamente no sé si estoy seguro de si es razonable esperar que resuelvan estas cosas en poco tiempo. Nosotros tuvimos nuestras propias dificultades con las reformas de salud, seguridad social e inmigración”, añadió.

Informe: Juan Manuel Barca.