La Constitución bolivariana ya está lista. Así lo anunció ayer el presidente Hugo Chávez al presentar ante la Asamblea Nacional su proyecto de reforma constitucional, que –según explicó– sólo modificará el 10 por ciento de los artículos y buscará terminar el trabajo que comenzó hace ocho años con la Asamblea Constituyente. Entre las filas del chavismo nadie dudaba en afirmar que la nueva Carta Magna finalmente instalará una “nueva geometría del poder” en el país. Sin embargo, para la oposición esa geometría no sólo no es nueva, sino que no requeriría de una reforma de tal tamaño. “Son sólo fuegos artificiales para esconder un propósito político, la reelección indefinida del presidente,” le dijo a este diario el ex candidato presidencial opositor Julio Borge.

Chávez hizo del anuncio de ayer un show político. Fuegos artificiales –distintos a los que denuncia la oposición–, un muñeco gigante del mandatario y una multitud le dieron la bienvenida frente al edificio de la Asamblea Nacional. Con más de dos horas de retraso, llegó a pie al Congreso, donde su gabinete entero y todos los legisladores lo esperaban ansiosamente. Cuando entró, la Cámara estalló en aplausos. Desde el año pasado, cuando la oposición se negó a presentar candidatos en un intento poco exitoso de boicotear las elecciones, la Asamblea Nacional es ciento por ciento oficialista. Por eso, a más tardar en dos o tres meses el proyecto de reforma estará aprobado. El verdadero desafío para el gobierno será el referéndum de fin de año, que deberá ratificar los cambios.

Más allá de las lecturas políticas de la oposición, el proyecto de reforma constitucional del gobierno es mucho más amplio que la reelección presidencial indefinida. Una de las reformas que al oficialismo venezolano más le gusta destacar es la institucionalización del llamado Poder Popular. De aprobarse el proyecto presidencial, ese quinto poder –Venezuela tiene los tres poderes tradicionales más el Electoral– estará representado por los consejos comunales, una instancia de base que funciona por debajo de las alcaldías. Actualmente estas asambleas ya existen y permiten articular y difundir los intereses y las necesidades de las comunidades. La propuesta del chavismo es institucionalizar ese mecanismo y otorgarle fondos directos del presupuesto nacional. Según explicó Carlos Escarrá, diputado chavista y miembro de la comisión presidencial que redactó el proyecto, los consejos comunales tendrán incluso sus propios bancos, que quedarán afuera de la lógica del resto de la banca. “Ellos podrán elegir qué proyectos financiar, según las necesidades específicas de su comunidad”, explicó a este diario.

Otra propuesta es la creación de distritos especiales. La idea, explicó Escarrá, es reordenar las cosas sin cambiar la división política del país. Los llaman distritos funcionales y pueden incluir partes de una o más provincias, algo que la actual Constitución no permite. El objetivo, según el proyecto, es que el gobierno pueda dirigir mejor sus planes –de inversión o ayuda social– a regiones específicas, en vez que tener que coordinar con todas las provincias involucradas. “La Faja del Orinoco atraviesa tres estados por ejemplo”, señaló el diputado, en referencia a la principal reserva de crudo del país y de América latina. También crearán regiones especiales militares con fines estratégicos y de defensa. El proyecto de Chávez propondrá la reforma del artículo 115 de la Constitución que establece la defensa de la propiedad privada. De aprobarse, la nueva Carta Magna incluirá también la propiedad colectiva. Ese será el fundamento para la tan prometida –y temida– transición al socialismo del siglo XXI. El propio Chávez salió el martes por la noche a tranquilizar al capital local y extranjero. “La propiedad privada productiva, en función de la atención a la necesidad del país, podrá convivir con este proyecto”, había señalado. En los últimos tiempos, el mandatario no dudó en nacionalizar toda aquella empresa o sector que fuera estratégico para el desarrollo del país.

A diferencia del clima de tensión de los días previos a la salida del aire del canal opositor RCTV o del anuncio de la aprobación de los superpoderes presidenciales, la oposición no ha tomado las calles ni se ha organizado contra la iniciativa de Chávez. Julio Borge, el líder del opositor Justicia Primero, dejó entrever que aunque discutirán en el Congreso si los invitan, se guardarán sus fuerzas para pelear en el referéndum de diciembre próximo. “Si logramos que no se convierta en un debate entre los que están a favor y los que están en contra de Chávez, podemos ganarlo”, agregó. Anoche el presidente se esforzó por dejar en claro que él, su gobierno y su proyecto de país necesitan esa reforma. “Es una necesidad imperiosa”, aseguró el hombre, quien incluso según las encuestadoras ligadas a la oposición mantiene un apoyo del 45 por ciento.