La Corte Suprema de Brasil inicia hoy la primera de tres sesiones para decidir si investiga o no el caso más grave de corrupción durante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. El máximo tribunal definirá el destino de quien fuera la mano derecha de Lula, su ex jefe de gabinete José Dirceu, acusado junto a miembros del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) de pagar más de 20 millones de dólares en sobornos a legisladores aliados y garantizarle al gobierno mayoría parlamentaria a partir de 2003. Luego de que anteayer se sumara una nueva denuncia por el Ministerio Público de Brasil, el gobierno enfrenta un juicio en el que también se juega la credibilidad de la Justicia, cuestionada por su ineficiencia frente a los reiterados hechos de corrupción.

La larga lista de acusados compromete a cuarenta personas, pero el presidente no figura por falta de pruebas. Entre los implicados en la denuncia presentada en marzo de 2006 por el procurador general de la República, Antonio Fernando Souza, están Dirceu, uno de los hombres con más influencia en el gobierno durante los primeros dos años de mandato de Lula, y el ex jefe de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia Luiz Gushiken.

La sesión que se iniciará a las 10 (misma hora que Argentina) tiene por objetivo exclusivo definir si el tribunal supremo federal (STF) acepta la denuncia de Souza o si archivará el proceso penal, por cargos de lavado de dinero, evasión de divisas, corrupción activa y pasiva, peculado y formación de banda. No obstante, de ser aceptadas todas las denuncias, se iniciará un largo proceso, que podría prolongarse por años, ya que se trataría de abrir cuarenta procesos individuales, aseguran expertos.

Por su parte, el procurador general de la República aseveró que confía en que la Corte aceptará su denuncia y afirmó que tras presentar su acusación logró acumular nuevas pruebas contra los implicados en lo que llamó “una compleja organización criminal” destinada a asegurar la permanencia del PT en el poder. “Esas pruebas fueron resultado de investigaciones de la policía federal que estaban en marcha y ya fueron finalizadas. Los elementos agregados son plenamente suficientes para demostrar todas las afirmaciones hechas”, expresó Souza. Según cálculos de la Procuraduría General, fueron desviados para los sobornos al menos 55 millones de reales, en la época 22 millones de dólares, pero ésa es una cifra “preliminar” que puede aumentar a medida que se profundice una investigación.

El sistema fue denunciado por primera vez en mayo de 2005 por el ex diputado Roberto Jefferson, en ese entonces un aliado del gobierno en el conservador Partido Laborista Brasileño (PTB). Para Jefferson, Dirceu era el “jefe de la banda” que comandaba un sistema de pagos mensuales de sobornos a legisladores de partidos aliados, bautizado como “mensalao.” Dirceu habría fraguado todo el plan para “perpetuar al PT en el poder”, había denunciado Jefferson. Desde los años ’80, el acusado trabajó siempre codo a codo con Lula y cuando éste llegó al gobierno lo nombró ministro de la Presidencia, el cargo más influyente en el gabinete y desde el que se controlarían todos los resortes del poder del país.

También son acusados José Genoino, Delubio Soares y Silvio Pereira, presidente, tesorero y secretario general del PT respectivamente, que Lula fundó en 1980 bajo la bandera de la decencia y la ética. En la lista están otros cuatro ex parlamentarios del PT y dieciocho líderes políticos, miembros de los partidos del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), Liberal (PL), Laborista Brasileño (PTB) y Progresista (PP). Los otros implicados son directivos de bancos, publicistas de las campañas de Lula y ejecutivos de empresas.

En tanto, los magistrados del STF deberán dar una respuesta a la sociedad ante la impunidad reinante. Entre 1988 y 2007, el tribunal recibió 130 procesos contra funcionarios y políticos que tenían fuero privilegiado, juzgó apenas seis y nunca condenó a ninguno, de acuerdo con un estudio de la Asociación de Magistrados de Brasil (AMB).