La Asamblea Constituyente boliviana ya no cabe en el hemiciclo del Teatro Gran Mariscal de Ayacucho y fue suspendida hasta nuevo aviso. Pese a que estaba anunciado que Sucre no dejaría que las sesiones continuaran si la directiva no ponía en consideración la anulación de la resolución que dejó fuera el reclamo sucrense del regreso de los poderes Ejecutivo y Legislativo a la capital boliviana, la presidenta de la Asamblea, Silvia Lazarte, decidió llamar a una plenaria que excluía ese reclamo. Como respuesta, anteayer las autoridades de la provincia de Chuquisaca decidieron convocar a la movilización general y a establecer una vigilia desde las 14.00 de ayer para impedir la plenaria. Así, Sucre amaneció sitiada y ningún vehículo podía circular por el centro de la ciudad gracias a los piquetes organizados por el servicio de transporte público. Para contener a los manifestantes, la policía hizo un cordón de seguridad alrededor del Gran Mariscal, para evitar que las marchas llegaran al corazón de la Asamblea.

Todo se desbordó a las 11.30. La policía tenía controlada la situación, pero como fueron traídos desde La Paz, Cochabamba y Potosí para reforzar a los efectivos locales, no reconocieron al rector de la Universidad San Francisco Xavier, Jaime Barrón, que se acercaba al Gran Mariscal para reunirse con Lazarte. Cuando vieron que la comitiva de veinte personas tomaba la esquina, dos efectivos comenzaron a disparar gases lacrimógenos para dispersarlos. Al principio, la gente no corrió, porque aún no salía de su asombro por los gases, más aún cuando un efectivo se acercó hasta el rector y sus acompañantes para rociarlo con gas pimienta, tirarlo al piso y obligarlo a refugiarse en un periódico local que tiene sus oficinas frente a la sede de la Asamblea.

Ahí reaccionaron los manifestantes, que no superaban las mil personas. Comenzaron a arrojar piedras contra la policía, que respondió con 35 minutos de gases lacrimógenos, perdigones de goma y disparos de sal. Los efectivos no disparaban los gases al aire, sino que apuntaban directamente contra los marchistas. Los efectos se sintieron pronto en el interior del Gran Mariscal –una réplica a escala reducida del Teatro Colón– y obligaron a evacuar a Svetlana Ortiz, segunda secretaria de la directiva de la Constituyente, que tiene ocho meses de embarazo. Cuando los gases finalizaron, se reportaron una veintena de heridos por perdigones, impactos de granadas de gas y golpes repartidos por los efectivos. La mayoría eran universitarios y periodistas.

Cuando las lágrimas pasaron, la reflexión no llegó. Barrón culpaba a Lazarte por lo que pudiera pasar en las calles y le exigía cancelar la sesión de inmediato. Desde la vereda de enfrente, Lazarte culpaba a Barrón por haber convocado la movilización, explicaba que no se asustaba y que no levantaba ninguna sesión. Lazarte, forjada en la dirigencia sindical de los cocaleros de Chapare, está acostumbrada a los enfrentamientos con la policía y lo que pasó en Sucre ayer fue nada comparado con los bloqueos que le tocó liderar entre 1997 y 2003.

A las 13.30, la comisión encabezada por Barrón por fin pudo llegar hasta las oficinas de Lazarte y le entregó la carta que exigía tratar el pedido de capitalidad plena para Sucre al interior de la Asamblea. La presidenta de la Asamblea les respondió que no tenía una respuesta para ellos porque el tema no había sido tratado por su directiva. También les dijo que la decisión ya estaba tomada y que la sesión se iniciaría a las 15.00, porque habían sido elegidos para escribir una nueva Constitución.

Mientras esto sucedía en Sucre, en La Paz el espectáculo era exclusividad de los diputados. Desde el martes, el oficialista Movimiento Al Socialismo pretende enjuiciar a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que en mayo pasado destituyeron a cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia que había nombrado por decreto el presidente boliviano, Evo Morales. La resolución del TC molestó al mandatario e instauró un juicio de responsabilidades en la Cámara de Diputados. Como tiene la mayoría absoluta, puede condenarlos en una primera fase, aunque no tendrá la ratificación del Senado, que es controlado por la oposición. La oposición intentó impedir la sentencia del oficialismo, ya que con ella deja sin magistrados al TC y el control constitucional a leyes, decretos y a la misma Constituyente. Minutos después del mediodía, los diputados bolivianos imitaron a los peores barrabravas y, parados sobre sus escritorios, comenzaron una batalla campal que dejó al menos diez padres de la patria con ojos amoratados y golpes en la cabeza. Al final, la oposición decidió abandonar el Palacio Legislativo y el MAS aprobó el enjuiciamiento a los magistrados.

Por la tarde, el gobernador de Chuquisaca le dijo a Lazarte que la seguridad no dependía de él, sino de la Asamblea y del ministro de Gobierno. Lazarte, al quedarse sin respaldo de su propio partido, decidió retroceder y suspender todas las sesiones hasta nuevo aviso.