La Justicia brasileña comenzó ayer el proceso contra el ex jefe de gabinete de Luiz Inácio Lula da Silva, el influyente José Dirceu, y 39 personas más. En la primera sesión de un caso que se convirtió en el mayor escándalo de corrupción para el gobierno de Lula, el procurador general Antonio Fernando Souza pidió al Supremo Tribunal Federal (STF) que abra un juicio penal contra los cuarenta acusados de integrar un esquema ilegal de pago de sobornos a legisladores aliados. Pese a las expectativas de Souza de que se inicie el juicio, hay quienes creen que es difícil debido a que la Corte está integrada por jueces incorporados por Lula.

El juzgamiento, que se sustancia en STF y determinará si es procedente abrir un proceso penal a los denunciados o archivarlo, comenzó la sesión con la acusación por parte de Souza. “Los acusados tuvieron un comportamiento típico del submundo del crimen y no es posible imaginar que un sistema de ese porte haya existido sin la participación de algún miembro del gobierno y de integrantes del partido del gobierno”, sostuvo el procurador en la primera de las tres sesiones en que el proceso se desarrollará hasta el viernes.

El jefe del Ministerio Público señaló ante la Corte Suprema que Dirceu comandó entre 2003 y 2005 un “eficiente sistema de transferencia ilícita de recursos”, en el que participaban también el ex ministro jefe de la Secretaría de Prensa de la Presidencia Luiz Gushiken y ex dirigentes del oficialista Partido de los Trabajadores (PT). “Siempre tuvo y aún tiene gran importancia en las deliberaciones del PT y sabía de todos los pasos del “mensalao”, dijo Souza en referencia a Dirceu. El llamado ‘mensalao’ estalló en mayo de 2005, cuando el entonces diputado Roberto Jefferson –un aliado del gobierno de Lula en el Partido Laborista Brasileño (PTB)– acusó a Dirceu de comprar apoyo legislativo mediante pagos mensuales de sobornos a los diputados oficialistas. Por su parte, el defensor del ex jefe de gabinete de Lula, José Luiz Mendes de Oliveira, calificó la denuncia como una “pieza de ficción”, en una jornada donde sólo hubo alegatos en representación de tres ex dirigentes del PT. Sin embargo, Souza puso en cuestión a la defensa, que negó que las transferencias financieras tuvieran un objetivo político. “De ser así, ¿por qué no hacer los acuerdos a la luz del día en forma clara?”, preguntó.