Los comandos de elite brasileños ejecutaron a 16 personas desarmadas en junio pasado en una de las mayores favelas de Río de Janeiro. Esa fue la conclusión a la que llegó la Secretaría Especial de Derechos Humanos, que depende del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en un informe que se difundió ayer. La investigación se basó en el operativo más sangriento y uno de los más grandes que se realizó en la ciudad carioca en lo que va del año. Cerca de 1400 policías invadieron con ametralladoras, tanques y helicópteros el Complejo de Alemán para allanar los supuestos centros de operaciones de los narcotraficantes. El resultado fueron 19 muertos y una lluvia de denuncias de ONG y desde el mismo Congreso carioca sobre violaciones a los derechos humanos.

El megaoperativo del Complejo de Alemán se convirtió con el tiempo en el icono de la política de represión del gobernador Sergio Cabral en las favelas. A los pocos días de la invasión, que duró apenas 24 horas, la Orden de Abogados de Brasil (OAB) aseguró que había recibido varias denuncias sobre presuntas ejecuciones policiales en la favela carioca. Según familiares y vecinos de las víctimas, los supuestos narcotraficantes no eran tales y, además, habían sido asesinadas a sangre fría cuando estaban indefensas. Meses después, una investigación de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Río confirmó estas versiones y concluyó que al menos diez de los 19 muertos habían sido ejecutados por la policía.

La investigación de la comisión legislativa se basaba en pericias realizadas por el Instituto Médico Legal de la ciudad, las mismas que luego fueron utilizadas por la Secretaría Especial de Derechos Humanos. Según esos estudios, varias de las víctimas más jóvenes murieron por disparos en la espalda o la nuca. Uno de ellos, incluso, fue acribillado. Pablo Alves da Silva, de 15 años, recibió nueve balas, dos en la cabeza, una en el cuello, una en el tórax, otra en el brazo derecho y cuatro en la espalda.

Las denuncias y los cuestionamientos llevaron a que el gobierno de Río, muy a su pesar suspendiera los ataques provisionalmente. Sin embargo, el 30 de julio la policía reactivó sus operativos, aprovechando los Juegos Panamericanos y el miedo que existía en el exterior ante eventuales ataques a la villa deportiva. Desde esa fecha hasta la actualidad, más de cien personas –siempre supuestos narcotraficantes, según la versión oficial– murieron a manos de policías en las favelas y sus alrededores.

En una de las últimas ofensivas, a finales de octubre, cientos de policías ingresaron con tanques y helicópteros en la favela de la Coréia. El operativo terminó con 12 personas muertas, una de ellas, un niño de cuatro años que quedó atrapado en el fuego cruzado. Sólo unos días después, millones de brasileños se horrorizaron al ver en la pantalla de Globo cómo un helicóptero policial perseguía disparando a dos jóvenes que corrían por los pasillos de la favela, escapando de los agentes de elite.

El gobernador de Río, Cabral, cuestionó el sensacionalismo de los medios y ratificó su apoyo a los operativos en las favelas. Lula, su aliado hasta ahora incondicional, nunca fue tan categórico, optando siempre por declaraciones ambiguas. Prueba de ello, es que el presidente brasileño todavía está dilatando el pedido de Cabral de principio de año para enviar a los militares a ayudar en la lucha contra el narcotráfico.

Hasta ahora, el gobierno nacional se escudó en los problemas jurídicos que este traslado implicaría. El más importante es que el Estado debería renunciar al monopolio de la fuerza pública y delegarla en manos de las fuerzas armadas. Por un lado, el Planalto, y especialmente el ministro de Justicia e histórico líder petista Tarso Genro, se niegan a militarizar una de las ciudades y centro turístico más importante del país. Por otro lado, la policía carioca se niega a entregar el mando, en parte, sostienen los analistas brasileños, porque está fuertemente infiltrada por el narcotráfico.

Sin embargo, en los últimos meses, Cabral ganó un influyente aliado en Brasilia. El nuevo ministro de Defensa, Nelson Jobim, es un hombre de su partido, del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), y que simpatiza con la idea de derrotar al narcotráfico con toda la fuerza que sea necesaria. “Es indispensable que la policía vaya al enfrentamiento”, fue una de las últimas frases.

Ni las ambigüedades de Lula, ni la inacción de la Justicia –estadual y nacional– han podido evitar que el tema crezca, incluso afuera de las fronteras. Mañana llegará a Río el delegado especial de la ONU para investigar sobre ejecuciones sumarias, Philip Alston. Brasilia está intentando hacer buena letra ante la ONU para ganarse un lugar en el Consejo de Seguridad y la visita de Alston podría ser la primera posibilidad real de que las víctimas sean escuchadas.