La primera minoría en Estados Unidos son 44,3 millones de hispanos, cifra a la que se suman unos 12 millones de indocumentados, que son blanco de un debate bizantino sobre reforma migratoria, pero, desde el punto de vista militar, sus dotes son alabadas y buscadas. Desde hace meses se intenta resucitar en Washington el debate legislativo sobre el proyecto Dream Act (ley de Ayuda al Desarrollo y Educación para Menores Extranjeros), de 2001, ofreciendo una vía a la residencia permanente a jóvenes indocumentados criados en Estados Unidos si se enrolan en las FF.AA.

La propuesta ha sido respaldada por los responsables del Pentágono, políticos y organizaciones hispanas que entienden que el Dream Act ofrece una alternativa para esos jóvenes indocumentados que han hecho su vida en Estados Unidos. Grupos como Proyecto Azteca y YANO, que promueven la paz y alzan campañas contra la opción militar para los jóvenes de clases más vulnerables en Estados Unidos, advierten que “el Dream Act busca soldados latinos para ir al frente de batalla, ahora que la guerra en Irak es impopular”, dijo Jorge Mariscal, el profesor de estudios chicanos y latinos, de la Universidad de California en San Diego.

El proyecto establece que aquellos jóvenes que califiquen tendrían que completar dos años de universidad o alistarse en las fuerzas armadas para conseguir la residencia: opciones donde lo más fácil es el servicio militar porque no es costoso ni complejo si se terminó la secundaria en el país. “Podría ser tremendamente beneficioso para los militares. Les da la oportunidad de alistarse a cientos de miles de personas altamente calificadas”, dijo al diario Wall Street Journal la profesora de la escuela de West Point Margaret Stock, experta en estudios de inmigrantes en las fuerzas armadas estadounidenses. “Por eso ahora van a las escuelas y pueden tener acceso a la historia familiar de los estudiantes. No es casualidad que apunten a estudiantes de padres indocumentados que trabajan como obreros y muchas veces son niños con buen rendimiento escolar”, afirmó Mariana Ramírez, una profesora activista del grupo Asociación Raza Educativa.

El portavoz del proyecto Guerrero Azteca, Fernando Suárez, que perdió a su hijo, mexicano, en Irak en 2003, aclaró que los jóvenes deben saber que la ciudadanía no la dan de forma automática por alistarse: “La dan de inmediato si se muere”. Suárez explicó que “la nacionalidad póstuma es para ofrecer funerales militares al soldado caído, tal como establece la Constitución para sus héroes, que son todos los militares muertos en combate”. “Tenemos que detener el acoso que sufren los muchachos en las escuelas públicas por parte de los reclutadores militares y si algún joven desea alistarse que lo haga con conocimiento de causa y por vocación, no por presiones económicas, psicológicas ni mentiras”, agregó Suárez.

“La ironía, desde luego, es que mientras el Pentágono busca a jóvenes no ciudadanos para completar las filas de las fuerzas de ocupación de Estados Unidos, otros trabajadores no ciudadanos, cuyas contribuciones económicas a la nación son innegables, son perseguidos y acosados por otras agencias del gobierno de Estados Unidos” para deportarlos, opinó Mariscal.