De la mano de su controvertido primado, el cardenal de Lima Juan Luis Cipriani, la Iglesia Católica se ha visto involucrada en estos días en una sucesión de escándalos que amenazan salpicarla con supuestas complicidades con violaciones a los derechos humanos y con la megacorrupción que montaron el ex presidente Alberto Fujimori y su socio Vladimiro Montesinos. Primero se escuchó la voz de Cipriani alegando con pasión por la absolución –la judicial, no la divina– de aquellos que están siendo procesados en los tribunales por sus vínculos con la corrupción del régimen fujimorista, y luego la de un ex ministro fujimorista que ante un juez aseguró que Montesinos le había contado que el cuestionado arzobispo estuvo al tanto del asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta a manos de un grupo paramilitar en julio de 1992.
Cipriani, obispo del Opus Dei y viejo aliado del gobierno de Fujimori, destapó la olla del escándalo cuando decidió poner todo el peso de su cargo para proponer una descarada impunidad para aquellos involucrados en la corrupción fujimorista. Hay aproximadamente 1000 personas procesadas por corrupción, de las cuales 80 están en prisión y 49 con arresto domiciliario. El cardenal armó un show mediático muy bien montado para lanzar su pedido de “perdón y olvido”. Escogió un domingo para ir a visitar, oportunamente acompañado por todos los medios de comunicación, al ex futbolista Héctor Chumpitaz, quien está bajo arresto domiciliario por haber recibido 30.000 dólares de manos de Montesinos para su campaña electoral en 1998 a una concejalía por la municipalidad de Lima. Cipriani y sus asesores de imagen, periodistas que en su momento estuvieron vinculados a la prensa montesinista, no descuidaron ningún detalle. El cardenal llevó un rosario que aseguró era un regalo del Papa para entregárselo al futbolista, que retribuyó el gesto con un balón de fútbol autografiado. Todo en medio de abrazos, gestos de emoción, lágrimas de la esposa de Chumpitaz y las invocaciones sacerdotales a favor del “perdón y la reconciliación”. Si algún procesado por corrupción goza, a pesar de todo, de la simpatía de la opinión pública, ese es, precisamente, “el buen Chumpi”, ex capitán de las selecciones peruanas de los años ‘70 y uno de los mayores ídolos deportivos del Perú. Aprovechando la imagen de Chumpitaz, el cardenal se puso junto al futbolista y frente a las cámaras para despacharse con un apasionado discurso que condenó a los jueces y pidió el indulto presidencial para los procesados por corrupción, calificó los juicios a la corrupción como “una venganza” y absolvió a los corruptos diciendo que eran “unas víctimas” que habían sido presionadas y hasta obligadas a corromperse.
Las respuestas no se dejaron esperar y desde distintos sectores salieron voces rechazando el alegato sacerdotal a favor de la impunidad. Las palabras de Cipriani también cayeron muy mal en el interior de la Iglesia. El obispo Luis Bambarén, presidente de la Comisión Episcopal Peruana, no perdió tiempo para desmarcar al resto de la Iglesia de las palabras del arzobispo, que calificó como “estrictamente personales”. El escándalo armado por Cipriani recién había levantado vuelo cuando otro hecho puso al arzobispo en situación aún más comprometida. Al día siguiente del alegato pro impunidad de Cipriani, el ex ministro de Justicia del fujimorismo, Alberto Bustamante, declaraba ante un juez que en una cena realizada en junio del 2000 Montesinos le había contado que, luego del secuestro y asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la universidad limeña La Cantuta en julio del ‘92, el general Luis Pérez Documet llamó por teléfono a Cipriani para pedirle un consejo de lo que debía hacer con los cadáveres. Cipriani le habría respondido que les dé “cristiana sepultura” y luego avise a sus familiares. Finalmente, Pérez Documet decidió descuartizar y quemar los cuerpos antes de enterrarlos y nunca avisó a los familiares de las víctimas. Ante esta revelación, el juez ha decidido citar al arzobispo para interrogarlo, lo que ocurrirá el próximo 12 de septiembre. Cipriani decidió usar como escenario la catedral y una misa por Santa Rosa de Lima para rechazar esa acusación y denunciar una supuesta campaña contra la Iglesia Católica. “No podemos dejar que se pisotee la dignidad de un obispo y de la Iglesia, y eso es lo que se ha estado haciendo con estas acusaciones –se defendió alzando la voz–. No conozco al general Pérez Documet”, argumentó en su defensa.
Antes de convertirse en arzobispo de Lima, Cipriani fue por muchos años obispo de Ayacucho, donde nació Sendero Luminoso y que fue escenario de los más duros eventos de la guerra sucia de los años ‘80 y comienzos de los ‘90. Cipriani fue entonces un pastor muy dispuesto a bendecir a los militares acusados de violaciones a los derechos humanos y darles la espalda a quienes denunciaban las desapariciones y asesinatos de sus familiares. Condenó permanentemente a los organismos defensores de los derechos humanos. De esa experiencia data una de sus frases más famosas: “Los derechos humanos son una cojudez (una tontería)”.
Ya como arzobispo de Lima, usó el poder de su cargo para defender sin reservas al gobierno de Fujimori y Montesinos. En las elecciones del 2000 bendijo la fraudulenta re-reelección de Fujimori y condenó con airada voz a los observadores internacionales que descalificaron las elecciones. Luego de la captura de la residencia del embajador de Japón por parte de un comando de MRTA en diciembre de 1996, Fujimori designó a Cipriani como una de los negociadores con los guerrilleros. Las negociaciones no llegaron a ninguna parte y la toma de la residencia nipona terminó con un asalto militar en el que murieron todos los alzados en armas. Hace unos días el Poder Judicial decidió que los militares acusados de haber asesinado a por lo menos tres emerretistas que se habían rendido sean juzgados por un tribunal militar.
El debilitado gobierno de Alejandro Toledo ha visto con buenos ojos esta cuestionada decisión judicial. Anteriormente había condecorado a los militares acusados y lanzado una ofensiva en su defensa. La arremetida del arzobispo fujimorista a favor de una impunidad para la corrupción y la recuperación del poder militar para lograr la impunidad en las violaciones de los derechos humanos cierra un círculo que amenaza el proceso de democratización del país.