El Día Internacional de los Derechos Humanos, celebrado ayer, ha tenido un significado especial en el Perú con el inicio del juicio al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) por el asesinato de 25 personas –quince en la matanza de Barrios Altos, en noviembre de 1991, y diez en la Universidad La Cantuta, en julio de 1992– cometidos por el Grupo Colina, escuadrón de la muerte formado durante su gobierno, y por el secuestro de un periodista y de un empresario en 1992. Vestido elegantemente, con traje oscuro, camisa blanca y corbata amarilla, Fujimori se sentó frente a los tres magistrados de la Corte Suprema que lo juzgan y estuvo poco más de tres horas imperturbable, rígido, apenas moviéndose para tomar de tanto en tanto notas en un cuaderno y acomodarse los lentes. Hasta que el presidente del tribunal, César San Martín, le preguntó si aceptaba los cargos por secuestro, lesiones graves y homicidio calificado imputados por la Fiscalía, que pidió 30 años de prisión, y Fujimori aprovechó el momento para lanzar un exaltado discurso en defensa de su gobierno.

“Recibí el país en el año ’90 casi en colapso, agobiado por la hiperinflación y el terrorismo (...) el país se desangraba”, dijo, gritando y moviendo los brazos. Por momentos parecía que se iba a quebrar. Con cada frase gritaba más alto y movía los brazos con más fuerza. Hasta que pasados algo más de cinco minutos el presidente del tribunal, que hasta entonces había escuchado en silencio, decidió callarlo. Pero Fujimori seguía gritando para decir que él había pacificado al Perú. “Acusado Fujimori, aquí mando yo”, le recordó San Martín y Fujimori tuvo que callarse y sentarse. Pero antes insistió en su defensa diciendo que “si se cometieron hechos execrables (durante su gobierno) los condeno. Rechazo los cargos”.

Cuando Fujimori se sentó, sus hijos y los congresistas y dirigentes del fujimorismo que estaban en la sala reservada para el público y la prensa, separada por un vidrio antibalas de la Sala de Audiencias, estallaron en aplausos y exclamaciones a favor de su líder, ante la mirada silenciosa de los familiares de las víctimas del gobierno de Fujimori, que estaban sentados al lado de los fujimoristas. El presidente del tribunal amenazó con desalojar la sala si se repetía un hecho semejante y ordenó un receso de dos horas antes de reiniciar el juicio. Pero Fujimori, que antes de irse se acercó hasta el vidrio antibalas para saludar a sus tres hijos, que estaban en primera fila, y a los dirigentes de su movimiento político, ya no regresó más, frustrando la continuación de la audiencia. Según las autoridades judiciales, un médico le diagnosticó un alza de presión y determinó que debía descansar. La sesión quedó suspendida hasta mañana.

De lo dicho durante el primer día del juicio a Fujimori quedó claro que su defensa, dirigida por el abogado César Nakasaki, buscará la exculpación del ex presidente presentando los crímenes cometidos por el Grupo Colina como hechos aislados cometidos por el ejército sin el conocimiento de Fujimori. La Fiscalía, por su parte, argumenta que hubo una política de guerra sucia dirigida desde lo más alto de su gobierno. El fiscal José Antonio Peláez basa su acusación en la teoría jurídica de la autoría mediata, según la cual quien tiene el dominio de una situación es responsable de un crimen aunque no haya participado directamente en su ejecución. Esta teoría jurídica se puso por primera vez en práctica para condenar a los líderes nazis en los juicios de Nuremberg y en Argentina se usó en el proceso a la junta militar. En el Perú también se aplicó para condenar a cadena perpetua a Abimael Guzmán, líder de la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso. “Fujimori estaba en la cúspide de la cadena de mando, él tenía el dominio del hecho y dio las órdenes”, argumentó el fiscal. Han sido citados por las distintas partes cerca de medio centenar de testigos. Entre los peritos citados figura el coronel argentino José Luis García, llamado por la abogada Gloria Cano, representante de las víctimas de la Universidad La Cantuta, para que brinde “un testimonio técnico de gran importancia para saber cómo se planifica y ejecuta una política de guerra de baja intensidad”, según señaló Cano.

Mientras se retiraba del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la policía, donde está recluido su padre y donde se lleva a cabo el juicio en su contra, la congresista Keiko Fujimori le confesó a este diario que para ella había sido “muy duro” ver a su padre sentado en el banquillo de los acusados. Calificó el exabrupto de su padre como “una reacción enérgica para rechazar los cargos en su contra”. Unos metros más allá caminaba Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes asesinados en la Universidad La Cantuta. “Hemos esperado quince años por este momento. Verlo a Fujimori sentado en el banquillo de los acusados me ha generado sentimientos encontrados. Por un lado, la satisfacción de que por fin se comienza a hacer justicia, pero, por otro lado, el dolor de saber que vamos a recordar los detalles de cómo mataron a nuestros familiares”, le dijo Ortiz a Página/12. Gisela Ortiz se fue caminando, a Keiko Fujimori la esperaba una moderna camioneta cuatro por cuatro.