El Senado brasileño eligió ayer a su presidente, en reemplazo del cuestionado Renan Calheiros. Apoyado por una amplia mayoría, su correligionario Garibaldi Alves ocupará la dirección de la Cámara hasta finales del año próximo. Alves es un hombre del ex mandatario y actual senador José Sarney y uno de los caudillos del nordeste brasileño. A pesar de que llega a la presidencia de la Cámara para limpiar la imagen que dejó su antecesor, el número tres de la sucesión presidencial también está manchado por las denuncias de corrupción.

El día de ayer empezó con dos buenas noticias para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Primero, un sondeo confirmó lo que ya venían diciendo los analistas políticos. A pesar de las recientes caídas de un ministro y de Calheiros, el mandatario es cada vez más popular. Según el instituto público Ibope, la imagen de Lula subió de un 63 a un 65 por ciento desde septiembre pasado. La otra buena noticia no tardó en llegar. Sin muchos rodeos, el Senado parecía poner fin a la crisis de los últimos seis meses y nombraba a un nuevo presidente.

Alves fue electo con 68 votos a favor y sólo ocho en contra. “Llego a la presidencia en un momento traumático para esta Cámara por los últimos acontecimientos, que llevaron al Senado a aproximarse a límites que jamás deberá superar, so pena de fracturar la imagen de la Cámara ante la opinión pública”, aseguró en su discurso, tras asumir el cargo. La elección fue celebrada por el Ejecutivo, que sin embargo habría preferido que asumiera alguien con más peso dentro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), como Sarney. El ex presidente dejó pasar la invitación y propuso a uno de sus hombres, Alves. A pesar de este apoyo, al senador no le será fácil limpiar la imagen de la Cámara alta.

Esta semana la prensa brasileña divulgó una denuncia que lo vincula con la llamada Caja 2. Se trata del mecanismo de financiamiento paralelo de las campañas electorales que descubrió la Justicia el año pasado y que ha alcanzado a la mayoría de los principales partidos del país, el oficialista Partido de los Trabajadores (PT), la Social Democracia Brasileña (PSDB) y el PMDB. Según el diario Folha, Alves habría desviado fondos estatales para financiar su campaña a senador en 2002. El ahora presidente del Senado era en aquella época gobernador de Río Grande do Norte y su entonces vice ya fue procesado por desviar fondos en ese mismo año.

Pero por el momento estas acusaciones no desvelan al gobierno petista ni al golpeado PMDB. Lo que sí preocupa al presidente Lula es que la salida de Calheiros no logró conformar a la oposición, que ayer volvió a oponerse a la prórroga del CPMF, como se conoce al impuesto al cheque. La extensión del millonario tributo –que sirve como la principal fuente de financiamiento de las políticas sociales de Lula– necesita una aprobación especial y, por ende, el apoyo de al menos un sector de la oposición.

La prórroga del CPMF es en este momento la prioridad número uno del Palacio del Planalto. Sin embargo, ayer el jefe de la bancada petista del Senado reconoció que “existe un 98 por ciento de probabilidades de que no se apruebe”. La frustración del oficialismo se hizo evidente después de que la socialdemocracia –rechazando las presiones de sus propios gobernadores que también se benefician con la recaudación del impuesto– se mantuviera firme en su postura de no apoyar la iniciativa.