Los jefes paramilitares salieron a defenderse. Según un comunicado que difundieron ayer los 38 responsables de decenas de miles de asesinatos, desapariciones y torturas, algún recluso común les habría plantado la Glock 9 milímetros y la granada que encontró la policía en una inspección sorpresa a principios de esta semana. “Nos duele que, a pesar de tantos hechos de paz y reconciliación que hemos mostrado al mundo, nos sigan buscando satanizar y criminalizar”, confesaban en el texto. Pero no se desentendieron de todo. Los líderes del mayor grupo paramilitar de la historia colombiana, las AUC, reconocieron que los 5800 dólares que también se confiscaron eran de ellos. “El dinero formaba parte de nuestro fondo común”, explicaron. El fondo era para cubrir alguna de sus “necesidades básicas”, como sus cocineros y médicos privados. Desde el Inpec, el servicio penitenciario colombiano, rechazaron esa versión.

Según los paramilitares, no había nada raro con el dinero. “Desde nuestra llegada a la cárcel de Itagüí, renunciamos a la alimentación y servicio médico ofrecido por el Inpec. Para suplir estas necesidades y derechos básicos, se nos autorizó proveerlos por nuestra cuenta”, señalaron en el comunicado. La encargada de tratar con la prensa en el Inpec fue muy clara. “Ningún recluso en Colombia, paramilitar o no, puede tener papel moneda en la cárcel”, sentenció Ana María Escobar en diálogo telefónico con este diario.

La funcionaria fue tirando abajo poco a poco la defensa de los paras. Primero, aseguró que aunque es verdad que tienen un cocinero especial para ellos solos, se los paga el Estado. En segundo lugar, Escobar descartó la posibilidad de que un recluso común pudiera haber tirado la pistola y la granada, como lo insinúan los jefes paramilitares. “Las armas se encontraron en un lugar al que llamamos La Guayana. Es el espacio que queda entre el muro de la cárcel y el pabellón donde está detenida la cúpula de las AUC. Nadie puede estar allí, ni los reclusos comunes ni los paras”, explicó. Sin embargo, acotó, las ventanas de las celdas de los jefes paramilitares dan a ese corredor.

Esta semana, un abogado colombiano de derechos humanos que conoce bien la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, donde están detenidos los jefes de las AUC, también había advertido contra los argumentos de los paras. “Pueden decir lo que quieran, pero no hay posibilidad de que las armas no fueran de ellos”, le había dicho a este diario. Pero a pesar de estas certezas, poco podrá hacer la Justicia si no consigue demostrar cuál de los 38 jefes paras ingresó la pistola y la granada al penal.

En cuanto al dinero, la situación judicial parece ser más fácil. Iván Roberto Duque, más conocido como Ernesto Báez, reconoció ayer que él era quien administraba el dinero del “fondo común”. Báez, que oficia como vocero de sus compañeros desde que se desmovilizaron y entregaron sus armas en 2004, podría perder sus beneficios legales. Esto significa que podría ser extraditado o cumplir condena perpetua en el país. Ayer, el embajador estadounidense en Bogotá, William Brownsfield, aseguró que aunque el líder para no tiene un pedido de extradición de su país, podría eventualmente tramitarse uno.

El presidente Alvaro Uribe dijo esta semana que quienes violaron las leyes perderán sus beneficios y serán juzgados como delincuentes comunes, en Colombia o en Estados Unidos. No es la primera vez que lanza esta amenaza. En Medellín, un ex jefe paramilitar, que también violó el acuerdo con el gobierno, está esperando que se decida su suerte. Hace más de medio año que se comprobó que seguía ordenando asesinatos desde su celda.