La aparición del herido en territorio de Venezuela había causado preocupación en el gobierno de Chávez. Y la intervención de la Guardia Nacional había alimentado las sospechas de los medios privados, visiblemente opositores al chavismo. El general Gabriel Oviedo, jefe del Comando Regional Nº 1 de la Guardia Nacional, explicó por qué esa fuerza militar había rodeado la clínica de Rubio. “La presencia de la Guardia obedece a una solicitud realizada por la Fiscalía Militar para custodiar a una persona herida”, informó a la prensa a través de una comunicación telefónica. Según Oviedo, la Guardia Nacional se había establecido en la localidad de Rubio desde el miércoles 5 de marzo.

En el gobierno de Chávez no pasaron por alto que la versión sobre el sucesor de Reyes haya coincidido con un informe del Departamento de Estado estadounidense muy crítico hacia Caracas. El informe en cuestión, una especie de balance sobre los derechos humanos en el mundo durante 2007, cuestionaba a Venezuela por “los esfuerzos de un dirigente elegido democráticamente para minar las instituciones democráticas e intimidar a la sociedad civil”. En los programas políticos que se transmiten por la televisión estatal suelen escucharse denuncias sobre la supuesta intención de Washington de colocar a Venezuela dentro de las naciones que “colaboran con el terrorismo”.

Para los funcionarios del gobierno, la versión que circuló sobre el dirigente de las FARC es parte de una estrategia más amplia. “Son los mismos que emprendieron contra Venezuela una guerra de desprestigio, de falsas matrices, como un país que apoya al terrorismo”, acusó el ministro Izarra. Las dos cadenas de TV que se hicieron eco sobre la supuesta internación de Gómez en la clínica del estado de Táchira fueron Globovisión y Televen.

Más allá de las acusaciones a los medios, nadie desmiente que la frontera entre Colombia y Venezuela es lábil. Pero es permeable de los dos lados. Los últimos hechos volvieron a demostrarlo. Así como Bogotá acusa a Colombia de proteger a guerrilleros de las FARC en su territorio, desde el Palacio de Miraflores culpan al gobierno de Uribe por la intromisión de ¿ex? paramilitares en tierra venezolana. La última acusación se basó en un hecho concreto: la detención de 55 personas, la mayoría colombianos, junto al presunto narcotraficante Armando González en el paraje Caja Seca, estado de Zulia. Para las autoridades de Caracas, esas personas forman parte del bloque paramilitar de La Guajira colombiana.