Varios gobiernos latinoamericanos, organizaciones defensoras de los derechos humanos e intelectuales europeos repudiaron con firmeza la sanción de la ley “Directiva Retorno”. Uno de los primeros en mostrar su rechazo fue el presidente de Ecuador, Rafael Correa. “¿Con qué calidad moral se puede sostener una globalización que cada vez busca más la libre movilidad de mercaderías, la inmediata movilidad de capitales, pero criminaliza la movilidad de seres humanos?”, declaró al Canal Uno de televisión de Quito.

El mandatario ecuatoriano explicó que su gobierno ya inició contactos en la región para protestar en conjunto contra lo que calificó de “agresión”. “Esa directiva no es la Directiva Retorno sino la Directiva de la vergüenza”, afirmó. El énfasis en las declaraciones de Correa responde al gran número de ecuatorianos que residen en Europa. Según información de la Cancillería de Quito, la medida podría afectar a más de tres millones de inmigrantes de la Comunidad Andina de Naciones, que Ecuador integra junto con Bolivia, Perú y Colombia.

La iniciativa de efectuar un reclamo conjunto no fue exclusiva de Correa. El Senado uruguayo manifestó su rechazo a la norma frente a los organismos de las Naciones Unidas y resolvió convocar a todos los parlamentos latinoamericanos a sumarse a su posición. Para los parlamentarios orientales, la sanción de la directiva es una “flagrante incongruencia” de la Unión Europea y la decisión de aumentar a 18 meses la reclusión de inmigrantes sin papeles “consagra una privación de libertad que se convierte en una verdadera pena de prisión”.

Desde el gobierno de Bolivia prefirieron no precipitarse y buscar la forma legal de enfrentar la nueva ley. “Lo que nos toca es estudiar detenidamente la norma aprobada y veremos las medidas que haya que adoptar de acuerdo con los intereses (de los inmigrantes bolivianos)”, dijo el vicecanciller, Hugo Fernández. Sin embargo, la cautela de sus declaraciones contrasta con la carta que el presidente Morales envió a la Unión Europea (UE) la semana pasada. En ese texto el mandatario llamó a la iniciativa “directiva de la vergüenza”, y planteó, como una medida de reciprocidad, la posibilidad de aplicar el visado a los ciudadanos europeos.

La reacción fue más moderada en Centroamérica, en línea con su estrategia regional de política exterior. “Independientemente de las normativas que en su debido momento emita el Parlamento Europeo, estamos concentrados en lograr un mejor trato, preferencial, en el aspecto migratorio para los centroamericanos”, dijo el vicecanciller salvadoreño, Eduardo Cálix, portavoz regional para el diálogo político con la UE. El funcionario indicó que ese trato preferencial se quiere lograr dentro del Acuerdo de Asociación que Centroamérica y la UE negociarán –por cuarta vez– entre el 14 y 18 de julio próximo, en Bruselas.

Las repercusiones no fueron exclusividad de los gobiernos. Amnistía Internacional manifestó su “honda decepción” por la votación celebrada ayer y subrayó que la nueva ley europea no garantiza el retorno de los migrantes irregulares en condiciones de seguridad y dignidad. Por el contrario, para la organización defensora de los derechos humanos “se corre el riesgo de reducir las normas existentes en los Estados miembro y se sienta un ejemplo extremadamente malo para las demás regiones del mundo”. A todo esto, artistas e intelectuales europeos se opusieron a la norma, entre ellos el cineasta español Pedro Almodóvar y el Nobel de Literatura, el italiano Dario Fò.