La nueva Constitución de Ecuador es larga, larguísima. Para los hombres del gobierno es ambiciosa y para la oposición hiperpresidencialista. A diferencia de las Constituciones más tradicionales como la argentina, no se esfuerza en ser neutral y despliega expresiones de deseo que van desde la construcción de un mundo multipolar hasta la reconciliación del ser humano con la Naturaleza. El texto no se queda solamente en los derechos políticos, económicos y sociales, sino que le dedica largos párrafos a la filosofía ancestral del sumak kawsay (el buen vivir), los derechos de la Pachamama y de los más desprotegidos o marginados, los ancianos, embarazadas, niños, discapacitados, enfermos, desplazados y presos.

En sus 444 artículos equipara la Justicia indígena con la ordinaria, establece la unión civil entre dos personas sin importar su sexo, declara la imprescriptibilidad de los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, garantiza por primera vez la gratuidad de la salud y la educación, y recupera el rol regulador y planificador del Estado en la economía. Para los movimientos indígenas es un primer paso hacia la verdadera revolución; para la derecha es la revolución.

Una de las nuevas prerrogativas presidenciales es el control de la política monetaria. El Banco Central pierde su autonomía y se convierte en un mero gestor de las decisiones del Ejecutivo. “En seis meses la economía ecuatoriana va a estar desdolarizada”, alertó a este diario el ex diputado del Partido Social Cristiano Luis Fernando Torres. El dirigente es un hombre cercano al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, el enemigo número uno del nuevo texto constitucional.

Como Nebot, Torres no cree en las promesas del presidente de mantener la moneda norteamericana. La nueva Carta Magna, advirtió, no menciona el dólar. Pero tampoco lo hace la actual. De hecho la vieja Constitución establece al sucre como la moneda nacional, aunque el gobierno neoliberal de Jamil Mahuad dolarizó la economía en el año 2000, por consejo de Domingo Cavallo.

“La Constitución estadounidense tampoco menciona al dólar. Igual no tienen nada de qué preocuparse; vamos a mantener la dolarización”, aclaró a PáginaI12 el ministro de Seguridad Interior y Exterior, Gustavo Larrea, minutos después de acompañar a Correa a votar. El hombre de confianza del presidente también negó que se le diera más poder al Ejecutivo. “Por el contrario, lo limita. Buscamos un equilibrio de poderes”, aseguró. A partir de ahora, explicó, la Asamblea Nacional podrá destituir a los ministros nacionales e, inclusive, al propio presidente.

Pero mientras eso ya se cumplía en la práctica, el cambio sustancial es que el presidente también podrá disolver la Asamblea Nacional. Tendrá el poder de hacerlo una vez en su mandato y sólo si logra convencer a la Corte Constitucional de que los diputados se arrogaron competencias que no le correspondían o bloquearon sistemáticamente su Plan Nacional de Desarrollo –el programa que a partir de ahora debe redactar cada presidente para marcar el rumbo de la economía–. Si lo consigue, deberá convocar elecciones anticipadas, presidenciales y legislativas, en un plazo de tres meses.

Lo que realmente desvela al establishment guayaquileño son los cambios económicos. “El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos”, dice el texto. A continuación enumera los sectores: la energía en todas sus formas, telecomunicaciones, recursos naturales no renovables, transporte, refinación de hidrocarburos, biodiversidad, patrimonio genético, espectro radioeléctrico, agua y los que más adelante se definan por ley.

La oposición ya quiso sembrar el miedo y habló de nacionalizaciones y expropiaciones masivas. Sin embargo, según el ministro Larrea, el objetivo no es ese. “Queremos empresas mixtas en las que el Estado tenga 51 por ciento de las acciones”, explicó.

Los constituyentes también escondieron algunos incisos de avanzada. Por ejemplo, los ecuatorianos que adeudan pensiones alimenticias, fueron condenados por corrupción o tienen contratos con el Estado no podrán ser candidatos a ningún cargo público. Asimismo, inmediatamente después de terminada su gestión, los ministros nacionales no podrán ser parte de directorios de empresas privadas o representarlas de ninguna manera. La Carta Magna también prohíbe la estatización de cualquier tipo de deuda privada, la creación de latifundios y la pena de muerte.