Desde México, D. F.

La agenda entre México y Estados Unidos estará sobrecargada durante el próximo mes: a los temas dominantes –narcotráfico, seguridad fronteriza y migración– ahora se agregan el del transporte, el sector financiero y la posibilidad de revisar algunos capítulos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan).

La primera avanzada se dará la próxima semana, durante la visita de la secretaria de Estado Hillary Clinton, el 25 y 26 de marzo, quien abordará la Iniciativa Mérida, cuyos fondos fueron recortados recientemente en el Congreso estadounidense, y la reticencia de aquel país para frenar el tráfico de armas.

Ya con el terreno preparado, el presidente Barack Obama estará en México el 16 y 17 de abril, en una escala hacia a la V Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago.

Acá no se tienen mayores expectativas respecto de los delicados temas de migración, pese a que el propio Obama dijo ayer a representantes demócratas que invertirá su capital político en una reforma migratoria (ver aparte). Entre los mexicanos aún está fresco en la memoria el fracaso de Vicente Fox y de George W. Bush, que en 2000 decían que iban por “the whole enchilada”.

En cuanto a la seguridad fronteriza, el Departamento de Estado anunció el fin de semana pasado que empleará más oficiales federales para enfrentar la amenaza de violencia proveniente de México. Y apenas el martes, el jefe del Comando Norte, Víctor Renuart, dijo al comité de las fuerzas armadas del Senado que el Departamento de Seguridad Interior estudia el uso de tropas. Tanto el Pentágono como el Departamento de Estado siguieron la línea marcada por Obama, quien reconoció la semana pasada la posibilidad de enviar tropas a la frontera con México.

Las visitas de Clinton y Obama también se verán marcadas por las discusiones en torno del incumplimiento estadounidense del Tlcan, particularmente en materia de transporte, pero se espera que otro tema sea la abierta violación a las leyes mexicanas por la tenencia accionaria del gobierno de Estados Unidos del maltrecho Citigroup, que controla Banamex, el mayor banco mexicano.

La legislación mexicana prohíbe expresamente la participación de gobiernos extranjeros en los servicios financieros del país. Banamex quedó en el limbo jurídico luego de que la administración de Obama adquiriera el 36% del capital de Citigroup, como parte del paquete de rescate de instituciones financieras.

Las expectativas de la sociedad mexicana tampoco son altas: ya es tradicional el sometimiento de los gobiernos a los intereses estadounidenses. Si se aplicara la ley, Citigroup tendría que vender Banamex, pero de hecho, desde hace semanas, se perfilan los vericuetos jurídicos que permitirán a la Casa Blanca ser dueña de una parte de la banca mexicana.

Mientras, la administración de Felipe Calderón porfía en lo que mejor hace: endurecer el discurso hacia Estados Unidos y acusarlo de ser el origen del problema del narcotráfico en México, pues a fin de cuentas su propia corrupción permite el paso de drogas, allá están los consumidores y desde allá llegan las armas con las que el narco se disputa el país, que hasta ayer había ejecutado a más de 1400 personas en lo que va del año.