Ante las noticias que llegan desde Paraguay a raíz de las demandas de paternidad que varias mujeres formularon contra el presidente Fernando Lugo, se suscitan muchas reacciones –también reflexiones– que responden a diferentes aristas del problema planteado. Hay, sin lugar a dudas, un costado que atañe a la ética y a la moral personal de Lugo en el que es difícil ingresar sin riesgo, aun admitiendo que se trata de una figura pública cuyos actos, por esta misma razón, se transforman en públicos. Pero si bien los actos privados no deberían mezclarse con aquellos que hacen a la vida pública y política de una persona, sí es necesario poner en consideración las consecuencias de los mismos para terceras personas. En esta situación es importante reivindicar los derechos de los niños y de las mujeres, buscando justicia para ellos. “Nunca estuvo en mi ánimo dañar a nadie”, sostuvo Lugo y agregó: “Asumiré todas las responsabilidades presentes y futuras”. Respecto de lo primero poco hay para decir. Nadie está en condiciones de juzgar intenciones, pero más allá de éstas hay que analizar siempre la consecuencia de los actos. En este sentido habría que decir que las responsabilidades van más allá de las intenciones, aunque éstas puedan servir de atenuante. Las cuestiones éticas y morales tienen también, como en este caso, consecuencias políticas.

Hay otras consideraciones que se hacen sobre el tema religioso, vinculadas con la condición de ex obispo y sacerdote de Fernando Lugo. No es éste un debate que le ataña a la ciudadanía como tal, aunque sí a la Iglesia de la que Lugo sigue formando parte aunque ya no en condición de ministro. Y en este caso el cuestionamiento no pasa estrictamente por las conductas del ahora presidente de Paraguay, sino por la misma institución eclesiástica, que se niega a revisar normas que, incluso para gran parte de los católicos, resultan fuera de lugar.

El celibato obligatorio no sólo parece ya anacrónico, sino que está cuestionado por la evidencia de los hechos. Este es un problema de la Iglesia Católica y de sus ministros. Lo que ahora se revela respecto de Lugo es apenas una gota en un océano de situaciones similares o mucho más graves, como los casos de pedofilia, acalladas sistemáticamente por la maquinaria institucional católica.

Hay por lo menos un tercer aspecto para tener en cuenta. A partir de sus propios errores, el presidente Lugo les abrió una puerta muy importante a los enemigos del cambio político y social en su país. Muchos y muchas de los que hoy lo critican, dentro y fuera del Paraguay, seguramente no resistirían un archivo aplicado a sus propias vidas y, por lo tanto, tampoco están en condiciones de “lanzar la primera piedra”. Pero la ocasión es propicia y no la van a desaprovechar, aunque sea argumentando desde una presunta moral en la que no creen. Este es un problema político y como tal se debe enfrentar.

Los enemigos del proceso de cambio en Paraguay han encontrado un argumento. No habría entonces que confundir. En este sentido las afirmaciones contra Lugo no tienen una finalidad basada en la ética o en la moral, sino que persiguen un claro objetivo político destinado a aniquilar a un presidente que representa una posibilidad de cambio y una amenaza para el poder hegemónico en Paraguay. Por eso vale la reafirmación del rumbo planteada por el propio presidente y la confirmación de que seguirá al frente del gobierno hasta terminar su mandato, en el 2013, al señalar que “no somos un proyecto ligado a personas, sino a grandes intereses ciudadanos, con lo cual las instituciones del gobierno tienen un proyecto de gestión que sus representantes deben cumplir”.

En una cultura política en la que asumir los errores y pedir perdón ha perdido todo valor, no es menor el hecho de que un presidente en ejercicio hable de “pedir perdón” y de sujetarse a la verdad. Los hechos futuros tendrán que demostrar la convicción de tales afirmaciones.