La escena que el gobierno de facto de Honduras envió ayer al mundo era perfecta. Más de cinco mil hondureños habían colmado la plaza central de Tegucigalpa en un hermoso día de sol. Con coloridos carteles ovacionaron al nuevo presidente asumido al calor de las armas, Roberto Micheletti. Excepto por los militares que flanqueaban al mandatario de facto, no se veían soldados ni policías en ningún lado. Los nuevos guardianes del poder estaban en la otra punta de la capital, esperando a los miles de opositores que intentaban denunciar la otra cara de Honduras. Más de 250 heridos, cerca de 180 dirigentes sociales y políticos aliados del gobierno legítimo de Manuel Zelaya detenidos y un país controlado a punta de ametralladoras, según relató a este diario el diputado Marvin Ponce, de Unificación Democrática, el único partido que se negó a seguir sesionando después del golpe de Estado del domingo pasado.

Micheletti, el presidente del Congreso hondureño devenido en dictador, advirtió que no permitirá la vuelta del mandatario legítimo. “Si el señor ex presidente de la República llega aquí se tendrá que enfrentar con las diferentes órdenes de captura que tiene de parte de la Corte Suprema de Justicia, de los juzgados y de la Fiscalía”, amenazó el hombre, escoltado por la cúpula militar. Desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Zelaya confirmaba ayer que intentará volver a su país. Aun si lo logra, el presidente constitucional hondureño tendrá que enfrentar un Congreso, un Poder Judicial y una Fiscalía Nacional controlados por los sectores opositores, que apoyaron el golpe de Estado. Ayer el fiscal general Luis Rubí se sumó a la amenaza de Micheletti y le advirtió a Zelaya que si pisa territorio hondureño podría ser condenado a 20 años de cárcel, por 18 delitos, entre ellos abuso de la autoridad y traición a la patria.

Hasta el domingo a la madrugada, cuando un comando militar lo sacó en pijama del Palacio Presidencial y lo subió a un avión con destino a Costa Rica, a Zelaya no lo habían acusado de ningún delito formalmente, ni le habían iniciado un juicio político. Según quiere hacer creer la dictadura hondureña, el presidente renunció por decisión propia la madrugada que se lo llevaron del Palacio. La carta de renuncia que presentaron los golpistas, sin embargo, tiene fecha del jueves 25, tres días antes del golpe de Estado.

Miles de manifestantes se congregaron en una de las principales avenidas de la capital para recordar esos detalles. Según los cálculos de los organizadores, al menos 15 mil personas marcharon, aun después de dos días de fuerte represión, que dejó al menos un muerto. Desde el corazón de la manifestación, el diputado de izquierda Marvin Ponce contó que miles de campesinos e indígenas estaban intentando llegar a la capital para tomar las calles. Según el portal hablahonduras.com, que actualiza minuto a minuto las noticias sobre el pequeño país centroamericano, convoyes militares están deteniendo a como dé manera a los colectivos y camiones que traen a los seguidores de Zelaya. Les cierran el paso, los persiguen y hasta les disparan. De todas formas, relató Ponce, siguen buscando formas de sortear los retenes para llegar hoy a Tegucigalpa.

Durante los tres años y medio de su gobierno, Zelaya había iniciado una política de redistribución de la riqueza. Subió el salario mínimo, controló la canasta básica y puso el Estado al frente de la compra de combustibles, limitando las ganancias millonarias de las petroleras multinacionales. El día del golpe de Estado, el mandatario tenía planeado una consulta popular para poner en marcha una asamblea constituyente que incluyera algunas de estas reformas en la Carta Magna del país.

“Mañana (por hoy) vamos a salir nuevamente a la calle para hacer fuerza por la vuelta de Zelaya”, señaló el diputado hondureño. Desde el lunes pesa sobre él una orden de captura y no puede volver a su casa. “Mi familia se mudó y yo vivo en casas de amigos. Los medios hondureños no lo muestran, pero estamos viviendo una persecución política”, denunció Ponce.