Desde Montevideo

El Memorial de los desaparecidos no está en un lugar de tránsito de la capital. Se llega a él atravesando una zona arbolada en el barrio Cerro. Dos paredes de vidrio enfrentadas a lo largo llevan escritos los nombres de los 174 desaparecidos durante la dictadura (1973-1985). De seguro, el candidato del Partido Nacional (Blanco), Luis Alberto Lacalle, nunca pasó por acá. El presidenciable le dijo a Mirtha Legrand que “hubo una media docena de desaparecidos en Uruguay”. Un cartel en la calle, cerca del monumento a la memoria, le responde tácitamente: “mentís, son 174”. El segundo en las intenciones de voto para los comicios de mañana, por detrás de José Mujica, está en contra de la anulación de la Ley de Caducidad, que impide que se juzgue a los militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos. Los uruguayos decidirán mañana a través de un plebiscito si se ubican en la misma senda de Lacalle o si, por el contrario, les dan la razón a los que quieren acabar con la impunidad.

La instalación de la consulta corresponde a una iniciativa de la Coordinadora Nacional por la Ley de Caducidad, que agrupa a la única central sindical, PIT-CNT, Crysol (asociación de ex presos políticos), la Federación de Estudiantes Universitarios, entre otros grupos defensores de los derechos humanos, que lograron juntar las firmas necesarias (254 mil) para que se habilite la consulta. En concreto, si se está a favor de la anulación, se debe colocar la boleta rosada del “Sí” y si no, no hay papeleta contraria. El asunto no ha acaparado los espacios de los medios y quizás a esto se deba que según los últimos sondeos el “Sí” sólo llega al 47 por ciento de los votos, con un 12 por ciento de indecisos –para que el plebiscito triunfe, debe contar con el 50 por ciento más uno de los votos–. Un ejemplo de ello fue que el último aviso de campaña, protagonizado por hijos de desaparecidos, tenía que aparecer el jueves a las 22 en cadena nacional y sólo lo transmitió el canal 5. Ante la queja insistente de Macarena Gelman se logró que lo pasaran en el resto de los canales de aire poco antes de que comenzara la veda política.

Luis Puig, representante de PIT-CNT, explicó a Página/12 las dificultades con las que se encontraron en esta campaña. “No se generó debate, los medios hicieron como que el plebiscito no existía. Y peor aún, hubo dirigentes de la derecha que generaron confusión en la opinión pública: Lacalle dijo que si se anulaba la norma, los presos saldrían de las cárceles.” Según el líder sindical “hubo una mordaza” que hizo que un 20 por ciento de la población no supiera que había una consulta. Sin embargo, Puig es optimista. “Se ha logrado revertir esa tendencia. Comenzó un proceso de reconstrucción de la memoria y los jóvenes se involucraron. En la marcha de cierre de la campaña (del martes pasado) participaron 200 mil personas, la mayoría, jóvenes.” En sea movilización estuvo presente la asociación Hijos de Uruguay.

Si bien el oficialista Frente Amplio apoya el plebiscito, durante los cinco años de gobierno de centroizquierda con mayoría parlamentaria no hubo voluntad de derogar la Ley. La estrategia del gobierno de Tabaré Vázquez consistió en buscar la colaboración de los mandos militares para ubicar los restos de los desaparecidos y excluir de la Ley de Caducidad algunos crímenes cometidos durante el régimen, como el asesinato de la nuera de Gelman. Los dirigentes frenteamplistas, incluido el candidato Mujica, argumentaron a su favor que como la ley había sido ratificada por el pueblo en 1989, debía ser el pueblo el que la modificara. El ex tupamaro, que vivió trece años como rehén de la dictadura en condiciones infrahumanas, reivindicó su firma en el comienzo de este camino para la derogación de la ley. “Fui uno de los primeros dirigentes notorios que firmé para que hubiera plebiscito”, dijo al diario local La República.

En coincidencia con el cierre de la campaña para anular la impunidad, esta semana la Corte Suprema declaró inconstitucional la norma por el asesinato de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, secuestrada y torturada hasta la muerte en 1974. También esta semana, la condena a veinticinco años de prisión para un referente de los represores, Gregorio Alvarez, podría leerse como el siguiente mensaje: si hasta ahora la Justicia fue indulgente, esta vez juzgó a un represor por 37 asesinatos.