Fue la segunda vez que el pueblo uruguayo se negó a apostar por más justicia y más verdad. La Corte Electoral confirmó ayer que el plebiscito por la anulación de la Ley de Caducidad no logró imponerse, ya que obtuvo el 47,32 por ciento de los votos (se necesitaba el 50 más uno). La sociedad se pronunció negativamente en materia de derechos humanos. ¿Fue miedo? ¿Fue desmemoria?

Raúl Olivera, miembro del secretariado de DD.HH. en la central sindical PIT-CNT, una de las organizaciones que impulsaron el plebiscito, considera que las fuerzas políticas no acompañaron el proceso de debate. “Los partidos tradicionales (Blanco y Colorado) se opusieron y la izquierda no se involucró como se hubiera esperado.”

Con esta norma, los jueces deben pedirle permiso al Ejecutivo para investigar torturas y asesinatos en la última dictadura (1973-1985), es decir, que no se respeta la separación de poderes ni los tratados interamericanos. Tabaré Vázquez fue el primer presidente que aprovechó agujeros jurídicos de la ley y promovió la investigación de crímenes, pero en muchos casos la norma siguió amparando a los represores. Entre las causas que quedaron fuera de la Ley de Caducidad, figuran el secuestro y asesinato de María Claudia García Irureta Goyena, nuera del poeta argentino Juan Gelman, secuestrada en 1976 en Argentina y trasladada embarazada a Uruguay, donde fue desaparecida después de nacer su hija, robada por los militares y entregada a una familia de Montevideo.

Sin embargo, Tabaré se negó a derogar la ley, contando con mayoría en el Congreso y a pesar de que lo había prometido en la campaña de 2004.

Hace una semana, la Corte Suprema de Justicia, lejos de plantear la idea de impunidad, declaró inconstitucional la norma para el caso del asesinato de Nibia Sabalsagaray. El Ejecutivo y el Congreso ya lo habían hecho en febrero pasado. Si bien el fallo vale sólo para ese caso, se aplicará para los otros expedientes mediante recursos de inconstitucionalidad. Es cierto que no para todos, porque hay casos que en 1988 obtuvieron un fallo adverso de la Corte Suprema, cuando ésta consideró que era constitucional y en los que no se puede volver a juzgar el asunto.

“El 19 de octubre la Corte Suprema dijo que la ley era inconstitucional. Seis días después, la gente decidió lo contrario. Significa un profundo paso hacia atrás”, subraya Olivera. Y agrega: “El domingo se votaron dos plebiscitos, uno por incluir un derecho del residente uruguayo en el exterior a poder sufragar, y el otro trató de que se ejerza un derecho que existe, el derecho a la justicia”. Para el politólogo Gerardo Caetano los uruguayos no terminaron de confirmar una definición contundente. De todas formas, afirma que no fue una ratificación de la impunidad. “No creo que la mayoría de la población esté a favor de la Ley de Caducidad, la ley está deslegitimada.”

Los analistas coinciden en que el próximo Parlamento, que todo indica que estará en manos del Frente Amplio, debe ser el que impulse la derogación de la amnistía. La ley fue aprobada en 1986 por un acuerdo entre colorados y blancos y luego ratificada a través de un plebiscito en 1989. La ley es contraria a las convenciones internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos está dispuesta a condenar al Estado uruguayo si en los próximos tiempos no echa por tierra esa ley. Una norma considerada inconstitucional por los tres poderes del Estado.