El hecho de que el régimen de facto haya logrado llegar al día de las elecciones en Honduras sin tener que ceder ante el repudio casi universal contra el golpe de Estado es en gran medida resultado de que Washington rompió con el consenso en América latina, lo que justifica ahora como necesario para defender a la democracia.

Pero el costo de esta posición del gobierno de Barack Obama es claro: ha dañado su afirmación de que representa una nueva política para América latina tanto dentro de este país como en la región.

Es triste contemplar la manera como el gobierno de Obama ha manejado tan mal un desafío en el cual contó con el apoyo de todo el hemisferio. No sorprende que el presidente Lula, de Brasil, lo haya acusado de romper su promesa de construir una nueva relación con Latinoamérica, dijo el ex embajador en El Salvador Robert White en el boletín del Programa Américas del Centro para Política Internacional, del cual es presidente.

Convirtió un triunfo diplomático inminente en una derrota negociada cuando a finales de octubre cambió su posición política al apoyar las elecciones incluso sin la restitución de Zelaya en la presidencia, rompiendo así con el consenso hemisférico, afirmó.

A principios de la semana, un alto funcionario del Departamento de Estado rechazó que el apoyo del proceso electoral implicara un giro en la política estadounidense. “Nosotros nunca cambiamos de política. Siempre sentimos que las elecciones necesitaban ser parte de una solución general; sea cual fuere el resultado en Honduras, es muy importante que todos enviemos la señal que esto (el golpe de Estado) no es una manera aceptable de cambiar gobierno.”

Pero justo es esa señal la que se está enviando, según analistas aquí y gobiernos latinoamericanos, que insisten en que apoyar las elecciones es una forma de lavar el crimen de la asonada militar.

Sin embargo, para los que justifican la posición estadounidense ésta es la mejor opción para la democracia, estén o no de acuerdo la mayoría de los países en la región. Dichos argumentos fueron elocuentemente resumidos hoy por un editorial del Washington Post, que afirma que hay dos facciones en el hemisferio: una enfocada en restaurar la democracia en Honduras a través de apoyar las elecciones, y otra cuya prioridad es la restitución de Zelaya. El Post opina que para bien, el gobierno de Obama está encabezando el apoyo para la opción democrática, aunque eso implica desviarse de su política de buscar el consenso con los grandes poderes de la región. “Demasiados gobiernos latinoamericanos están más interesados en apoyar a líderes que comparten sus inclinaciones políticas que en respaldar al imperio de la ley... En vez de rechazar su intento para nulificar el voto democrático de Honduras este domingo, el gobierno de Obama ha tomado una posición relativamente aislada y correcta”, afirma el Post.

Este argumento es casi exactamente el promovido por Lanny Davis, el cabildero estadounidense de mayor perfil contratado por los aliados del régimen de facto en Washington, ex abogado del presidente Bill Clinton y amigo de su esposa, la secretaria de Estado Hillary Clinton.

En un articulo de opinión publicado en el Wall Street Journal, Davis abogó por que el gobierno de Obama reconociera la elección en Honduras. Afirmó que Zelaya deseaba ser reinstalado antes de las elecciones para poder descarrilar los comicios, y con ello declararse “presidente ad infinitum, justo lo que intentaba hacer cuando fue derrocado en junio”.

El gobierno estadounidense está enviando observadores del Instituto Nacional Democrático y del Instituto Republicano Internacional, pero organizaciones reconocidas de observación electoral, como el Centro Carter, decidieron no enviar observadores por falta de condiciones apropiadas.

* De La Jornada de México. Especial para Página/12.