Al menos en la sede consular argentina en Dinamarca aún no había noticia de que Cristina Fernández de Kirchner pudiera sumarse al notorio grupo de presidentes que llegarán a esta tierra de noches largas. Sí se lo espera al canciller Jorge Taiana para principios de esta semana y hoy a Mauricio Macri, quien se comprometió a participar mañana en un encuentro de jefes de ayuntamientos. Pero ya se anticiparon los legisladores justicialistas César Gioja y Marcelo Gingle, junto al radical Oscar Castillo y el secretario de Medio Ambiente Homero Bibiloni. El encargado de Seguridad e Higiene de la Uocra, Macelo Díaz, llegó el viernes como una avanzada en nombre de la CGT, que por estas horas sumará más nombres, para realizar el lunes una presentación junto a una organización ambientalista. Quizá ninguno ponga el acento en que Argentina es una nación con crecimiento exponencial en su capacidad contaminante.

Esa troupe de representantes nacionales promete ser más nutrida que la discreta delegación técnica oficial, encabezada por la embajadora Silvia Merega. Los técnicos de Medio Ambiente, Cancillería y Economía se reparten como pueden en las múltiples reuniones de trabajo, en las que Buenos Aires participa enmarcado en el G-77, núcleo de naciones subdesarrolladas que clama por un compromiso de las naciones industrializadas, no sólo para que moderen la contaminación sino para que integren aquel fondo de adaptación.

Argentina está reconocida en este ámbito por haber logrado incluir en la agenda de los cuerpos técnicos el concepto de “transición justa” para el trabajo. Un enfoque que prevé resguardar el interés de los trabajadores en una etapa que muchas actividades productivas tendrán que reformularse a la luz de los cambios que impone el clima. La agricultura es una de ellas y en varias economías regionales está comprometida. Si se mira el rédito, hay zonas pampeanas donde la soja crecerá más robusta y otras patagónicas que podrán en el corto plazo albergar viñas prósperas.